Exigencias de Podemos para los Presupuestos: impuestos a las grandes empresas y regular el alquiler

Las cuentas públicas del Estado de 2021 fueron la primera prueba de fuego para el entonces recién estrenado Gobierno de coalición y sirvieron como termómetro para testar el estado de la relación política entre PSOE y Unidas Podemos. Se saldaron con el rédito positivo para los morados que lograron sacar músculo de la mayoría de la investidura para salvar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y sacar de la ecuación a Ciudadanos para evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurriera a su «geometría variable», un escenario que habría diluido el peso del partido minoritario en el Palacio de La Moncloa. El escenario que se abre ahora, con la nueva negociación que entrará en su resta final a partir del próximo mes de septiembre, a pesar de haberse rebajado notablemente las tensiones entre los socios, se aventura, de nuevo, complicada. Los morados necesitan marcar un perfil económico fuerte ante los socialistas ante la creciente bajada en las encuestas. Necesitan ser los líderes de la agenda social para recuperar el músculo social. Tratar de torcer el brazo al partido mayoritario en materias que ya ha rechazado frontalmente negociar, como la reforma fiscal. Un horizonte que el propio Pedro Sánchez ha cortado de facto en su gira por EE UU cuando se reunió con fondos de inversión privados.

Foto pública

Tras la «foto» de los equipos negociadores en el Gobierno, que se reunieron por primera vez públicamente este jueves, encabezados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el PSOE, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por Unidas Podemos, los morados no cederán ni un milímetro para cumplir con los acuerdos firmados en el pacto de coalición. Podemos, por ahora, vence a los socialistas en hasta dos materias: en la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la prórroga del escudo social. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, abrió la puerta a retomar las negociaciones para subir el salario mínimo este año, tras meses de tensiones con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Podemos también ha logrado imponerse al PSOE en la prórroga del escudo social que vencía a principios de agosto. Los morados exigían un compromiso expreso para la prórroga del decreto, el cual vinculaban a su voto favorable al anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, las segundas cuentas que, con toda seguridad, Sánchez conseguirá sacar adelante desde que gobierna.

De hecho, los negociadores ya han puesto los mimbres de este acuerdo. Como botón de muestra, los Ministerios de Derechos Sociales y de la Presidencia han logrado el consenso para prorrogar el decreto hasta el día 31 del próximo mes de octubre, por lo que continuará la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de los alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas. Sin embargo, los escollos se sucederán en varias direcciones. En el ala socialista, la vicepresidenta primera del Gobierno y la ministra de Hacienda defenderán el «no» a la reforma fiscal hasta 2022, una vez se asiente la recuperación económica, mientras que Yolanda Díaz y la ministra de Derechos Sociales reclamarán a través de su interlocutor que, tras el consenso internacional de la OCDE, se establezca ya una tributación mínima del 15% para las corporaciones en el Impuesto de Sociedades, y del 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Además, los morados lucharán por elevar el Impuesto de Renta sobre las Personas Físicas para ingresos de más de 130.00 euros y cuatro puntos para quien exceda los 300.000 euros.

En la otra pata de la negociación se encuentra la ley futura de la vivienda, que se retrasa según el plan normativo, desde el mes de octubre pasado. No hay acuerdo, de momento, a pesar de que ya se ha producido la primera toma de contacto con los equipos de la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para tratar de desbloquear la normativa para que se incluya la regulación del precio de los alquileres y posibilitar rebajas en los precios en las zonas poblacionales más tensionadas. Fuentes de Podemos consultadas por este diario explican que la futura ley de vivienda no saldrá adelante sin estos requisitos y hacen, además, peligrar el avance de las cuentas públicas de 2022, imprescindibles para seguir recibiendo los fondos europeos.