El fiasco de la Tasa Tobin

El 16 de enero de este año entró en vigor el Impuesto de Transacciones Financieras –más popularmente conocido como Tasa Tobin– en virtud del cual se grava con un 0,2% la compra de acciones cotizadas en un mercado regulado español y con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. La previsión del Ejecutivo era la de obtener 850 millones de euros cada año, si bien la AIReF estimó que la suma podría llegar a ser de la mitad, esto es, de apenas 420 millones de euros.

Además, se trata de un tributo que, a tenor de la evidencia de que disponemos tras su aplicación en otras partes del globo, incrementa el riesgo de que caiga el volumen de transacciones efectuadas con los valores afectados y, de que en consecuencia, se mine su negociabilidad.

Quizá el fracaso más sonado de este tipo de impuestos se dio en Suecia en el año 1983. En aquel entonces, el Gobierno sueco aprobó un tributo similar al nuestro (si bien con un gravamen incluso mayor: del 0,5% sobre el valor negociado) con la esperanza de recaudar 1.500 millones de coronas suecas al año, pero el resultado final fue desastroso: la recaudación neta del tributo apenas les proporcionó 100 millones de coronas a las arcas públicas y, para más inri, gran parte de las operaciones de las principales compañías suecas pasó a ejecutarse desde Reino Unido. ¿Sucederá lo mismo con España?

Aunque todavía es pronto para saberlo, los primeros indicios de que disponemos apuntan a una dirección similar. Durante el primer semestre de 2021, la recaudación de este tributo apenas ha ascendido a 150 millones de euros. Si durante la segunda mitad se replican estos mismos ingresos, el Estado apenas habrá obtenido en 2021 unos 300 millones de euros: es decir, un 65% menos de lo que esperaba el Gobierno e incluso un 30% menos de la recaudación mínima que ya anticipaba la AIReF.

Además, y como ocurriera en Suecia durante los 80, parece que el tributo está afectando negativamente al volumen de operaciones en la bolsa española y, por tanto, a la liquidez de estos valores. Leamos, si no, cuál ha sido la percepción de lo acaecido por parte del gestor de las bolsas españolas, esto es, de Bolsas y Mercados Españoles (BME): «La creación de este impuesto de forma unilateral introduce un factor negativo en términos de atractivo de las acciones de las empresas afectadas frente a activos comparables de otros países no afectados por el mismo, como pueden ser empresas alemanas o de otros muchos países europeos que no soportan este impuesto (…). Lo que está ocurriendo en el entorno de negociación de los valores afectados que suponen más del 95% de la negociación de acciones de la Bolsa española es muy ilustrativo (…). El valor efectivo negociado retrocede un 21% frente a 2020 lo que supone una peor evolución respecto de Bolsas europeas competidoras de nivel de desarrollo equivalente».

En definitiva, estamos ante un impuesto que genera distorsiones serias en el funcionamiento eficiente de los mercados financieros (dificultando, con ello, la captación de capital por parte de nuestras empresas en un momento altamente delicado para su recuperación) y, a su vez, ante un impuesto con un muy escaso potencial recaudatorio para las arcas del Estado. ¿Habrá algún político con dos dedos de frente que se lance a eliminarlo?

El BCE empieza a retirar los estímulos

El Banco Central Europeo ha acordado esta semana reducir el monto de sus compras mensuales de deuda. En la actualidad, y a través de los dos programas existentes (el PEPP y el APP), el BCE está monetizando 100.000 millones de euros por mes en activos financieros. Aunque la institución no ha especificado en cuánto ralentizará sus operaciones, se estima que a corto plazo apenas las rebajará hasta los 90.000 u 80.000 millones. A medio-largo plazo, sin embargo, estas prácticas cesarán por entero y entonces los países que estamos más endeudados –sí, España por desgracia se halla entre ellos– puede que nos enfrentemos a serias dificultades de financiación. Por si acaso, convendría que fuéramos empezando a poner en orden nuestras cuentas: pero esa parece ser la menor de las preocupaciones de este Gobierno.

Madrid despega

La economía madrileña se ha disparado un 31,7% durante el último año. En particular, el crecimiento del PIB regional entre el segundo trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021 ha alcanzado esta verdaderamente impresionante magnitud. Es verdad, claro, que estas cifras se ven influidas de manera muy poderosa por los efectos de la pandemia: los meses de abril a junio de 2020 fueron los peores de toda nuestra historia y, por consiguiente, nos expandimos mucho pero con respecto a un nivel anómalamente bajo. Con todo, conviene poner de relieve que esas mismas circunstancias se dieron en toda España y, sin embargo, la recuperación no ha sido igual de intensa. En concreto, el crecimiento del PIB nacional durante ese mismo período fue del 19,8%, esto es, casi 12 puntos inferior.

3.500 millones

En marzo de este año, el Gobierno de PSOE-Podemos aprobó una partida de 7.000 millones de euros para apoyar la recapitalización de aquellas empresas viables afectadas negativamente por la pandemia. Seis meses después, sin embargo, la mitad de ese fondo –unos 3.500 millones de euros– permanece sin asignar. La causa parece estar en las estrictas condiciones que puso el Ejecutivo a su reparto (con el sano objetivo de evitar su despilfarro): a saber, destinar el dinero únicamente al repago de deudas, haber tenido beneficios en el año 2019 y no mantener deudas vivas con Hacienda o la Seguridad Social. Ahora se nos dice que el Gobierno flexibilizará esas condiciones para acelerar la concesión del resto de las ayudas. Esperemos que no sea una vía abierta al despilfarro.