Bares y restaurantes tendrán que ofrecer la opción de llevarse la comida no consumida en el local

¿Alguna vez ha pedido en un restaurante más comida de la que ha sido capaz de comerse? ¿Ha querido llevarse las “sobras” a casa pero no ha sido posible por falta de envases? ¿Cree que tirar esta comida es un desperdicio? Si la respuesta es sí, a partir de ahora esto dejará de ocurrir.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, ya que cada español desperdicia cada año 31 kilos de alimentos sin consumir, lo que en 2020 supuso un total de 1.300 millones de kilos. Con esta normativa, los establecimientos de hostelería así como otros servicios alimentarios tendrán que ofrecerle a sus clientes la posibilidad de llevarse la comida que no han consumido sin coste adicional.

“La intención del Gobierno con esta Ley es llamar a un debate social sobre la alimentación, la adquisición de alimentos, el tener una alimentación sana, segura y sostenible y que sea a buen precio. No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura y se despilfarra”, ha recalcado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

A pesar de que este haya sido el primer proyecto de ley aprobado por el Gobierno, ya en el año 2013, el exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, presentó la estrategia “Más Alimentos, Menos Desperdicio” para la reducción de los alimentos desechados, la cual parece la antesala de esta ley.

Estas obligaciones se aplicarán a todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta el consumo. En el caso de los comercios hosteleros, estos tendrán que informar de ello de forma visible, preferiblemente en la carta o menú y deberán disponer de envases aptos reutilizables, según la normativa concebida para la reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.

Por otro lado, las empresas distribuidoras de alimentos junto con las administraciones deberán incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Los establecimientos de venta al por menor de más de 400 metro cuadrados de superficie, deberán fomentar líneas de venta de productos que no tengan una apariencia “perfecta” en condiciones óptimas de consumo.

Del mismo modo, estos establecimientos deberán incentivar que se vendan alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de estos.

40% del desperdicio se produce en los hogares

El ministro destacó que es necesario actuar contra este problema de índole “económico, ambiental, moral y social”, es por ello que con el impulso de esta ley, el Ejecutivo quiere avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que aspira reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo.

Al margen de las múltiples campañas llevadas a cabo para evitar el malgasto de alimentos, España es el tercer país de la Unión Europea en legislar sobre la materia, por detrás de Francia e Italia. No obstante, debido a la gran problemática que esto supone, el Gobierno elaborará un plan contra el desperdicio alimentario y las orientaciones que deberán seguir las comunidades autónomas.

Según Planas, el 40 % de los alimentos que se desperdician en España se concentran en el proceso de transformación industrial; el 40 %, en los hogares; el 15 %, en la restauración; y el 5 % restante, en la distribución.

Hasta 150.000 euros de multa

Asimismo, este nuevo proyecto de ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención el cual debe incluir una jerarquía de usos en la que la prioridad es la utilización en alimentación humana a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

Estos agentes para realizar las donaciones deberán crear convenios con las organizaciones receptoras en los que se debe recoger específicamente aspectos como las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte, así como la selección de alimentos.

Los alimentos donados deberán tener una vida suficientemente útil para que se puedan distribuir y su uso sea seguro, así como las empresas donantes y organizaciones receptoras estarán obligadas a garantizar su trazabilidad mediante un sistema de registro de entrada y salida, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Asimismo, MAPA establece cuatro tipo de infracciones graves relacionadas con la donación de alimentos, con multas de entre 6.001 y 150.000 euros, mientras que las infracciones leves llevarán aparejadas sanciones de hasta 6.000 euros