Aena se resiste a acatar la orden del Congreso y devolver lo cobrado de más a sus inquilinos comerciales

Aena va a plantar batalla en los tribunales para no devolver lo que, supuestamente, habría cobrado de más a los inquilinos de los locales comerciales de sus aeropuertos durante los meses más críticos de la pandemia. Su presidente, Maurici Lucena, ha advertido hoy en el Congreso de los Diputados de que no reingresará el dinero a las empresas afectadas hasta que los tribunales no resuelvan los procesos en curso.

El pasado 23 de septiembre, la propia Cámara Baja en la que Lucena ha comparecido hoy para explicar los presupuestos del gestor aeroportuario aprobó una enmienda que le obliga a rebajar las rentas que cobra por los alquileres de locales en los aeropuertos para ajustarlas a la caída de la actividad provocada por la pandemia después de que varios de los operadores comerciales inquilinos de Aena rechazasen el descuento ofrecido por la compañía semipública para las rentas. El recorte, según ha estimado la compañía que preside Lucena, le privará a Aena de ingresar 1.500 millones de euros en los próximos cinco años. A raíz de esta decisión del Congreso, el gestor aeroportuario solicitó hace unas semanas en el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid que plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Con este movimiento,los abogados de Aena demandarán a los jueces de cada uno de los procesos abiertos con los operadores con los que no alcanzó un acuerdo que eleven la cuestión de inconstitucionalidad. Y hasta que no haya fallo, Aena no aflojará el dinero. La compañía, ha dicho su presidente, “no se plantea no aplicar la ley. Lo que debe aceptarse es que los casos que están en los juzgados, la compañía tiene derecho a utilizar las iniciativas legales que considere oportunas. Lo que hemos hecho es plantear cuestiones de inconstitucionalidad”.

Duras críticas

Lucena se ha mostrado muy crítico con la decisión de la Cámara Baja, que salió adelante con la abstención del PSOE y Podemos, y ha advertido de que la rebaja a los alquileres comerciales, supondrá la transferencia de este importe desde los accionistas de Aena “al bolsillo de los accionistas de otras compañías”. En concreto, el presidente de Aena ha alegado que esta modificación beneficiará a los accionistas de SSP, Areas y Duffry, compañías que son “propiedad de fondos de inversión con muchos bolsillos”, y afectará a los accionistas de Aena, recordando que la compañía es en un 51% propiedad del Estado español, si bien el otro 49% está en manos privadas, algunas, importantes fondos de inversión.

Lucena ha recordado que, antes de que se aprobara dicha regulación, Aena había alcanzado acuerdos con el 67% de los arrendatarios comerciales, es decir, un total de 90 arrendatarios, menos “estas multinacionales propiedad de fondos de inversión internacionales”.

Al margen de la batalla jurídica que va a plantear Aena, lo cierto es también que el Gobierno aún no ha aplicado el cumplimiento efectivo de la rebaja de alquileres de los comercios en los aeropuertos presente en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de octubre, de cumplimiento automático tras dicha publicación. Así se desprende al menos de una pregunta registrada este lunes por el senador del grupo parlamentario nacionalista Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, Fernando Clavijo Battle, recogida por Europa Press, que cuestiona al Ejecutivo sobre cuándo prevé encomendar a Aena el cumplimiento efectivo de la disposición final séptima, relativa a la modificación de los contratos de arrendamiento.