Los transportistas rechazan la oferta del Gobierno y amenazan con convertir los paros en indefinidos

Aseguran que las medidas que les ha trasladado el Ejecutivo con “más restrictivas” y no dan respuesta adecuada a sus problemas

Órdago a la grande de los transportistas por carretera. Las patronales del sector han rechazado la propuesta que les ha trasladado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para desconvocar la huelga prevista entre los días 20 y 22 de diciembre y han amenazado con convertir en indefinidas estas protestas si el Gobierno no les traslada una oferta que resuelva realmente sus problemas.

Los representantes de patronales como la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) o la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), tras reunirse con una delegación del Mitma encabezada por al secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera; han enviado una nota en la que aseguran que en la propuesta que les ha trasladado el ministeriono se da respuesta adecuada a cuestiones como la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga; reducción tiempos de espera; aplicación obligatoria cláusula de revisión precio del gasóleo; devolución importes atrasados del céntimo sanitario; no aplicación de la euroviñeta y resto de puntos reivindicados desde hace años”.

En el curso de la reunión, el presidente del CNTC, Carmelo González Sayas, ha transmitido a los responsables del Mitma el acuerdo adoptado por el pleno de este organismo en el día de ayer, de rechazar íntegramente el documento propuesto por considerar que, “no solo no responde a lo solicitado por el sector, sino que incluso es más restrictivo que el compromiso asumido por el anterior Secretario de Estado, don Pedro Saura, el pasado 23 de julio”.

Fuentes de los transportistas han añadido que el ministerio se ha comprometido a trasladarles una nueva propuesta, aunque no les ha dado fecha alguna.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones de los transportistas pasan, en buena medida, por el conflicto existente entre camioneros y cargadores. Pese a que la ley deja claro que los camioneros no tienen que hacer la carga y descarga, sí deja la puerta abierta a que se negocie entre las partes. Según aseguró el Ministerio tras la primera reunión, se trata de un problema “de índole privada” ya que las empresas de transporte “buscan una ventaja competitiva de unas empresas de transportes frente a otras, para conseguir el contrato, por lo que transportistas cierran acuerdos con los cargadores que establecen que el camionero realiza esta carga y descarga, una actividad física que dificulta la entrada de las mujeres al sector”.

El segundo de los problemas está relacionado con el precio de los carburantes, sobre el que ocurre algo parecido. Los transportistas pueden establecer una cláusula de revisión de precios, “pero suelen renunciar a ella para ganar una ventaja competitiva, por lo que acaban ellos asumiendo la gran subida que está experimentando el diésel”, replicó el Mitma. El Gobierno ya está aplicando una política de revisión de precios, “pero solo en los contratos en los que sí puede hacerlo”, es decir, en “licitaciones públicas”, como ya lo está haciendo Adif para “desbloquear la paralización de las obras en vías de tren”, que las constructoras no podían asumir por el elevado precio de las materias primas.

En tercer lugar, las patronales, y en esto también coinciden los sindicatos, reclaman áreas de descanso en las carreteras seguras y vigiladas. Según indicaron desde el Ministerio, esto requiere “de financiación y la conservación de carreteras ya está en déficit, unos ‘números rojos’ que la introducción de peajes en las autovías podría corregir, así como incentivar la introducción de áreas seguras de descanso para los camioneros”. Es este último asunto sobre el cual las empresas ya han empezado a presionar al Gobierno para evitar que los transportistas se vean afectados por estos futuros peajes, el cuarto de los problemas. Sin embargo, el Gobierno cifra en 355 millones de euros el importe que ya les ha ahorrado con el levantamiento de peajes en más de 1.000 kilómetros de autopistas en los últimos tres años.