Díaz firma el fin del SEPE con una agencia de empleo que obligará a las empresas a informar de sus vacantes

Ya hay una primera consecuencia de la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley de Empleo: el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pasará a convertirse en la Agencia Española del Empleo, a la que las empresas deberán comunicar obligatoriamente sus puestos vacantes.

La nueva Agencia ofrecerá un catálogo de servicios que se centrará en perfiles individualizados y en una tutorización individual de los ciudadanos que recurran a estos servicios. El compromiso de España con la Comisión Europea es tener disponibles 7.000 orientadores para atender a un millón de personas en 2024, aunque no todas las personas que recurran a los servicios públicos de empleo necesitarán contar con un tutor.

Según adelantó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la nueva agencia contará con una unidad de gestión de datos laborales, en la que se centralizarán los incentivos, las contrataciones y la intermediación laboral de las administraciones y las empresas. También dispondrá de una “oficina de análisis del empleo”, que asesorará sobre la política de empleo, que “deja de estar pensada para los desempleados y está pensada para la sociedad y las empresas van a formar parte”, explicó Díaz, que reconoció que es “casi imposible acertar en las orientaciones o en la contratación si no tenemos las necesidades concretas de las empresas”. Se dará más peso al análisis de datos y a la Inteligencia Artificial “para, con mucha rapidez, ser capaces de corregir las discriminaciones que se producen” en la carrera laboral. La Agencia Española del Empleo también analizará proyectos empresariales y determinará su viabilidad, además de controlar las ayudas públicas autorizadas.

La ministra defendió que “la gran transformación que planteamos es la conversión del SEPE en una gran agencia pública con el objetivo de modernizar el organismo, digitalizarlo completamente, ganar en rapidez, agilidad... En fin, ofrecer asesoramiento sobre las políticas de empleo, no solo para los desempleados, sino para la sociedad en su conjunto”. Eso sí, para lograr sus fines, cualquier empresa o administración que necesite cubrir cualquier puesto vacante estará obligada a comunicar a esa agencia la oferta de la que se disponga, de tal manera que “con una simple visualización podamos conocer cuáles son las ofertas que se están propiciando en tiempo real en el conjunto del país”, detalló.

Díaz no quiso detallar qué pasaría con las empresas que no comunicaran sus puestos libres. Según fuentes ministeriales, no se han planteado multas o sanciones de algún tipo para las empresas que no informen de sus vacantes. Díaz cree que ellas “son las primeras interesadas en cubrir esos puestos y en dar a conocer sus ofertas de trabajo. A las empresas les va a venir bien”, confió.

La vicepresidenta segunda aseguró que la reconversión del SEPE “no va a tener ningún tipo de gasto por encima del presupuesto” y adelantó que debe estar aprobada a finales del próximo año. Según Trabajo, el cambio se financiará con la dotación presupuestaria del SEPE, de los fondos europeos y de las políticas activas de empleo, que cuentan con una partida de 7.500 millones de euros para 2022, más 1.000 millones de Educación. “Es una cifra histórica, con incremento histórico. Es la primera vez que contamos con tantos recursos”, se congratuló.

Dentro de este anteproyecto, se ha dado también luz verde al Sistema Estatal de Empleo, que estará integrado por el Gobierno, comunidades autónomas y agentes sociales, y en cuya gobernanza participará también la Conferencia Estatal de Empleo. También recoge acuerdos y recomendaciones específicas para el fomento del empleo digno, que se formularán a través de la Conferencia Sectorial de Empleo, al tiempo que se crea la Oficina de Análisis del Empleo, para fomentar la investigación y estudio en torno al empleo y desarrollar formación para empleados públicos.

Todo estará vinculado por la nueva Ley de Empleo, que amplía la lista de colectivos de atención prioritaria para las políticas de empleo en la que, además de jóvenes, parados de larga duración o mayores de 45 años, añade a personas con capacidad intelectual límite, con trastornos del espectro autista o migrantes. Asimismo, incorpora a beneficiarias de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas que pertenecen a minorías étnicas o trabajadores de sectores en reestructuración. La ley incorporará tres tasas para medir las políticas activas de empleo: la de empleabilidad, la de intermediación y la de cobertura para monitorizar los parámetros de incorporación de las personas al mercado laboral; el impacto y la promoción del nivel laboral y formativo y también el grado de protección frente al desempleo.