Tras los ERE andaluces, trama corrupta en la UGT de Madrid

Cuando todavía colean los escándalos de corrupción en UGT, el sindicato que dirige Pepe Álvarez sumó ayer un nuevo caso en Madrid. Tras el embargo por parte del Tribunal de Cuentas de 49 locales de la Federación de Industria del sindicato por valor de 9,74 millones de euros a consecuencia de su responsabilidad civil en el caso de los ERE andaluces, y después de que la Justicia notificara ayer el procesamiento de 35 personas –entre ellos tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía–, un procedimiento en el que figuran como responsables civiles subsidiarios tanto UGT como CC OO, por las presuntas sobrecomisiones de 66 millones que se pagaron en las pólizas de prejubilaciones del caso ERE financiadas por la Junta, el ya ex secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, entregó su dimisión tras denunciar a la Policía una presunta trama de corrupción en el seno del sindicato de clase.

López Reillo, de 66 años y en el cargo desde mayo de 2016, anunció su renuncia en un mensaje de Twitter a los afiliados. En su tuit, el ex líder sindical madrileño afirmaba que dimitía por «responsabilidad política y dignidad personal» y explicaba que proseguirán «las investigaciones policiales para esclarecer los hechos».

El líder de UGT Madrid habría presentado ante la Policía Nacional pruebas sobre una presunta trama de corrupción en el seno del sindicato en la que se habrían desviado fondos del Fondo de Garantía Social (Fogasa) que podrían superar el millón de euros.

En la supuesta trama corrupta estaría implicada una administrativa del sindicato, hija de la parlamentaria del PSOE de la Asamblea de Madrid Carmen López, y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a los empleados despedidos. Ante el escándalo, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, apremió a la UGT de Madrid a que depure «hasta el último milímetro de responsabilidades si hay corrupción interna», y puso en valor la decisión de López Reillo de dimitir.

El portavoz del PP en la Asamblea madrileña, Alfonso Serrano, subrayó el hecho de que los «sindicalistas se queden con el dinero de los parados» van a tener que declararlo «patrimonio inmaterial de la izquierda, porque ya no es la primera ni la segunda vez» que ocurre. Sobre la implicación de una diputada del PSOE, Serrano cuestionó la tardanza en dar explicaciones.

«Si ha dimitido quien ha denunciado, ¿Qué espera a dar explicaciones la diputada socialista que está involucrada en estas acusaciones, una diputada con la lengua muy suelta para acusar sin pruebas pero que parece que la lengua se la ha comido el gato cuando le afectan a a ella las acusaciones», añadió.

Reillo revalidó el pasado marzo su cargo al frente de UGT Madrid por un período de cuatro años con el 96,16% de los votos emitidos por los delegados de la región. En concreto, el ya ex líder sindical lideraba una candidatura única y 176 delegados votaron a favor de la comisión ejecutiva encabezada por el hasta este lunes secretario general, de 183 votos totales, con seis votos en blanco y uno nulo.

Investigación interna

Ante los acontecimientos, UGT anunció una Comisión Gestora compuesta por miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal y de las ejecutivas de las tres federaciones regionales de Madrid. En un comunicado, el sindicato remarcó que, tras la denuncia presentada en comisaría hace unos días por Reillo, la Comisión Gestora de UGT Madrid ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Madrid por delitos económicos, por una presunta estafa ejercida contra el sindicato, que se considera parte perjudicada.

«En esta trama, presuntamente pueden estar implicados trabajadores y trabajadoras de UGT y personas ajenas al sindicato. Esta situación se detecta tras una investigación propia y una auditoría interna iniciada por la UGT», señala el comunicado.