El fiasco de las ayudas covid: 2.500 millones sin gastar y el 70% de pymes sin ver un euro

Las comunidades deberán devolver a Hacienda 2.500 millones de euros sin repartir. La complejidad y exigencias del plan dan al traste con un tercio de los fondos directos del covid

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño FOTO: Gustavo Valiente Europa Press

El esperado plan de ayudas directas para pymes y autónomos «se ha quedado a medias, por no decir que ha sido un fracaso». Es un sentir general de las asociaciones de autónomos, de la patronal que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, y de la propia CEOE. Todos recuerdan que a días de cumplirse un año de la puesta en marcha de los 7.000 millones de los fondos destinados a solventar los problemas de financieros de empresas y trabajadores por cuenta propia el resultado no ha sido el esperado, pese a las rectificaciones que se han hecho por el camino, tanto por parte del Gobierno como de las comunidades autónomas.

Tras concluir el plazo de adjudicación, únicamente Baleares y Canarias han otorgado el 100% de los 2.000 millones que les correspondía, 1.000 millones para cada una. De los 5.000 millones restantes, más del 30%, alrededor de 2.000 millones de euros, se han quedado en las arcas autonómicas sin repartir, por lo que esos fondos tendrán que ser devueltos a las de Hacienda.

¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Asociaciones y patronales vuelven a tenerlo claro: «Porque el plan estaba mal diseñado desde el principio. En realidad, el plan no era a la postre un fondo de ayudas directas, sino que estos fondos están encuadrados en la Ley General de Subvenciones, por lo que no son ayudas directas sino subvenciones que deben demostrar su utilización en las finalidades establecidas en el decreto», se han quejado desde ATA. Por tanto, debían justificarse los pagos a proveedores y a otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, situación, lo que ha complicado sobremanera la recepción de los fondos y su distribución. Asimismo, los requisitos y obligaciones de los perceptores de las ayudas convirtieron las solicitudes en un «infierno administrativo», han denunciado por su parte varias administraciones autonómicas, que detectaron en las bases «deficiencias graves» que han complicado sobremanera su gestión. Por ejemplo, la Agencia Tributaria es la que debía detallar la situación fiscal de cada solicitante, «uno a uno», lo que multiplicaba los trámites y la burocracia.

Por tanto, el mecanismo de solicitud se ha mostrado demasiado lento, burocráticamente farragoso y con unos requisitos que se han demostrado ineficaces y, en la mayoría de los casos, imposibles de cumplir pese a que empresas y autónomos hayan perdido más de 30% de los ingresos durante el último año.

¿Y entonces por qué los dos archipiélagos sí que han ejecutado todos los fondos asignados? Pues porque decidieron asumir el riesgo para establecer unos requisitos diferentes, entre ellos, suspender el límite de 200.000 euros de ayudas marcado por el resto de autonomías. «Eso significa que han fallado todos, el Gobierno por diseñar mal el plan y las administraciones regionales por no haber sabido adaptar la legislación a su conveniencia y legalidad, como sí han hecho Canarias y Baleares, que han repartido todo el dinero asignado y no tendrán que devolver nada», criticó Eduardo Abad, presidente de UPTA. Así, comunidades como Castilla y León, Asturias o Aragón apenas han ejecutado la mitad de lo asignado.

Patronales y asociaciones insisten en que deberían ampliarse de nuevo los plazos de ejecución de estos fondos o que el Ministerio de Asuntos Económicos autorice nuevas convocatorias con ese remanente, pero mejorando los requisitos si no quieren que el balance final «vuelva a ser decepcionante. Para que no vuelvan a fracasar las convocatorias de las comunidades autónomas hay que modificar los criterios y hay que adaptar los plazos», insistió Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), uno de los sectores más afectados. Si no fuera así, la situación podría volver a repetirse y no ejecutar de nuevo buena parte de estos fondos si, además, las comunidades no acaban con la diversidad de criterios, que han provocado dicotomías como que en algunas de ellas se han concedido ayudas a empresas con pérdidas en 2019 y en otras no, cuando en muchos casos una empresa puede registrar números rojos un ejercicio en concreto por un motivo coyuntural por una inversión en la propia empresa.

Desde Cepyme apuntan que «había que haber simplificado el procedimiento burocrático, ya que la complejidad del sistema ha desalentado a las empresas de menor tamaño, por su mínima estructura interna», que ha provocado que el 70% de las pymes se haya quedado sin ayudas.

A esos 2.000 millones que se han quedado por el camino habría que sumar más de 9.000 millones de la línea de avales de inversión ICO, que también se han quedado sin usar. Al menos en este caso esos millones siguen disponibles.

Pymes y autónomos no quieren que esto vuelva a pasar y exigen al Gobierno que no repita los mismos errores en el reparto de los fondos europeos y que «las convocatorias se adapten a la idiosincrasia de los perceptores, tanto en los requisitos como en los plazos para concurrir», advierte Lorenzo Amor, presidente de ATA, que espera que en el caso del Plan Acelera Pyme, por parte de Red. es, el «kit digital» y los Next Generation «evite que miles de empresas y autónomos desaparezcan definitivamente».