Por qué limitar el precio de la luz puede causar un desabastecimiento de electricidad en España

Como resultado del desencanto de sus socios comunitarios, el Gobierno ha renunciado explícitamente a su objetivo de establecer un precio máximo de 180 euros por MWh en el mercado mayorista. Pese a ello, los diferentes ministros del Ejecutivo, incluyendo a la supuestamente sensata Nadia Calviño, siguen insistiendo en que el objetivo a largo plazo dentro de la Unión Europea debería ser ese. El argumento es de sobra conocido: no resulta admisible que la fuente de energía más cara (generalmente el gas) sea la que marque el precio del conjunto del mercado y, por eso, hay que marcar un tope a cuánto puede encarecerse el «pool». Unidas Podemos, cómo no, todavía es más contundente y pide rebajar el precio máximo a 75 euros por MWh. Lo extraño es que, ya puestos, no hayan pedido reducirlo aún más. Empecemos constatando que a esos precios las centrales de ciclo combinado (las de gas) no cubrirían los costes de generación eléctrica y, por tanto, preferirían no producir, generando un desabastecimiento de electricidad en España. De ahí que, como el propio Gobierno reconoce, sería necesario subsidiarles la diferencia.

He ahí, pues, un primer problema: cómo determinar, al margen del proceso competitivo del mercado, cuánto debe compensárseles a las eléctricas por sus costes de operación y por su margen empresarial. El resto de centrales, en teoría, cubrirían sus costes con una remuneración de 180 euros por MWh, pero la cuestión es si también se les limitará suscribir contratos bilaterales con la industria a precios superiores a 180 euros por MWh. En caso contrario, podrían reducir su oferta de generación en el mercado mayorista (provocando un problema de insuficiencia de oferta) para vender ese suministro de manera directa a parte de los demandantes finales (sin que se vieran sujetos a las limitaciones de precio). Al final, pues, iríamos directos a un control del conjunto del mercado eléctrico que desincentivaría la inversión privada y empujaría a que fuera el Estado quien se ocupara no ya de fijar precios, sino también de dirigir las inversiones sectoriales a costa de los contribuyentes.