La agenda política en 2021 estuvo repleta de diferentes metas por cumplir en los años venideros, como uno de los principales temas a debate en referencia a la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Son muchas las personas que ocupan el puesto de interinos con carácter temporal, ya que a pesar de haberse presentado a unas oposiciones, estos no han obtenido una plaza fija, pero pueden desempeñar las mismas funciones que un trabajador fijo.

En este sentido, diciembre trajo consigo la “Ley de Interinos” para mejorar esta situación y acabar con la precariedad laboral del empleo público, con la finalidad de alcanzar una tasa por debajo del 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas, un ratio que a día de hoy solo cumple la Administración General del Estado (AGE), pero no otros ámbitos territoriales.

Uno de los factores fundamentales de esta medida es la antigüedad, ya que determinará la manera y las posibilidades de acceder a una plaza de funcionario fijo en cualquiera de las áreas de las entidades públicas españolas. En este sentido, aquellos trabajadores interinos que hayan estado en la Administración de forma temporal durante al menos cinco años podrán acceder a una vacante sin necesidad de realizar las oposiciones.

Por tanto, aquellos funcionarios interinos mayores de 50 años, dado su rango de edad, podrían acumular más tiempo de experiencia que el resto de candidatos más jóvenes; y en estos casos, al cumplir con el requisito de antigüedad, solo será necesario pasar por un concurso de méritos.

Esta nueva vía para conseguir una plaza fija estará reservada a aquellos que cuenten con más de 5 años de experiencia ininterrumpida, es decir, que hayan trabajado en la Administración de forma continuada desde el 1 de enero de 2016; y ya no será necesario volver a aprobar una oposición.

En el caso de que el interino lleve en una misma plaza más de tres años de experiencia pero menos de cinco, este podrá convertirse en funcionario a través de concurso y oposición. En este sentido, se realizará igual que antes, pero la ley permitirá la opción de que los ejercicios en fase de oposición desde 2017 no sean eliminatorios.

Por su parte, todas las Administraciones Públicas, es decir, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, tendrán hasta el 1 de junio de 2022 para ofertar las plazas de trabajadores temporales que actualmente están ocupadas y los procesos selectivos tendrán que finalizar antes de que comience el año 2025.

Polémica de la “Ley de interinos”

A pesar de que esta ley tiene la intención de reducir la temporalidad en los empleos públicos, esta no ha estado exenta de polémica, ya que muchos opositores entienden que es una “solución rápida” que impone unos requisitos que no son justos, sino discriminatorios, afirmando que el hecho de tener antigüedad no significa que se esté capacitado.

Asimismo, muchos han considerado que existe un “agravio comparativo” ya que los opositores pueden no obtener la plaza pese a demostrar sus conocimientos en la oposición, mientras que aquellos con la citada experiencia tendrán una plaza fija asegurada.