Los inspectores de la Hacienda Local denuncian una “amnistía fiscal” encubierta en la plusvalía municipal

“Las entidades locales se ven desprovistas de una capacidad mínima inspectora”, por lo que el Gobierno “debe dotar a todas las administraciones de los instrumentos jurídicos y medios necesarios para que puedan desarrollar todas sus funciones”. Así lo han denunciado desde la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL). Tanto su presidente, Arturo José Delgado, como su vicepresidente, Antonio Arenales, reclamaron en una sesión informativa organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) las entidades locales no sean “las grandes olvidadas en las propuestas de reforma fiscal”, que han puesto contra las cuerdas impuestos como la plusvalía municipal -tras la sentencia del Constitucional que anuló en octubre pasado el anterior sistema objetivo de cálculo- o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sin proponer “ninguna alternativa”.

Cargaron así contra el ‘Libro Blanco para la reforma fiscal’ presentado por el Comité de Expertos a Hacienda, que los inspectores locales entienden que “se olvida” de hacer un análisis tributario “en todo su conjunto”, ya que se realiza al “margen del ámbito local”. En este sentido, los inspectores locales denuncian que la plantee eliminar un impuesto local como es el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sin proponer “ninguna alternativa”. Aunque desde la asociación se aboga por una “modificación considerable” del tributo, se critica la falta de alternativa al mismo en las propuestas de los expertos, ya que supone una “disminución grave” para las arcas públicas de los ayuntamientos, a los que no se da “ninguna alternativa”.

Para la asociación, existe un “problema en el diseño de la tributación local”, ya que mantiene una estructura que se ha mantenido sin apenas cambios desde el siglo XIX desde la reforma de 1845, salvo con algunas actualizaciones que en “muchos casos han sido solo un cambio de nombres”. Según criticaron mantiene un diseño de hace más de 150 años “basado en la tutela estatal y que crea inseguridad jurídica tanto a ayuntamientos y diputaciones como a la ciudadanía”, insistió Delgado. Por ello advirtió de que existen algunos “agujeros negros y prácticas fraudulentas”, como por ejemplo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ya que se detecta que a veces fallan los ciudadanos porque no comunican oficialmente alteraciones en el inmueble, como la construcción de piscinas o elevar una planta de la vivienda, lo que supone “una pérdida de ingresos públicos por el incumplimiento de los ciudadanos”.

Dentro de esos agujeros negros en la inspección local entran también otras posibles situaciones fraudulentas. Es el caso de la modificación de la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana -conocida como plusvalía municipal- tras la sentencia del Constitucional. Según propuso Delgado, la solución dada a la situación creada por esa sentencia ha dado lugar a “una auténtica amnistía fiscal, entre comillas, para aquellos que habían defraudado” entre 2018 a 2021, a los que “no se puede cobrar el impuesto ni aún con la nueva normativa”, con la consiguiente merma para las arcas municipales.

Aunque los Ayuntamientos debían adaptar sus ordenanza fiscales antes del 9 de mayo a la reforma del citado impuesto municipal de plusvalía, los inspectores de Hacienda local admiten que la inmensa mayoría de ayuntamientos no han elaborado la ordenanza fiscal que recoja la modificación, por lo que aplican la norma estatal, aunque el funcionamiento está siendo normal en cuanto a la gestión y se están realizando “devoluciones masivas”. Pese a todo, y aunque esperan que haya algún cambio en el proyecto de ley que se está tramitando, los inspectores lamentan que haya habido una cierta de “amnistía fiscal” para aquellos que debería haber declarado la plusvalía años antes de la sentencia, que ahora se ven “absolutamente libres”.

También han incluido en esos “agujeros negros” el “tema estrella de los paraísos fiscales” en que se han convertido determinados municipios que cobran tipos muy reducidos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), en algún caso localidades de pocos cientos de habitantes pero con “decenas de miles” de vehículos registrados por parte de empresas de alquiler y renting.