Las bajas laborales se disparan un 46% incluso sin contar el Covid

El absentismo laboral por bajas por enfermedad se está convirtiendo en un serio problema tanto para las arcas públicas -ya sea para la Seguridad Social o a las Mutuas de Accidentes del Trabajo- como para las finanzas y la productividad de las propias empresas. Así, los indicadores del absentismo por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) -las bajas laborales por Enfermedad Común o Accidente no Laboral (que no incluyen bajas por covid)- han experimentado un ostensible empeoramiento, que han hecho saltar todas las alarmas. Según el informe “Absentismo laboral derivado de la ITTC” elaborado por la patronal de las mutuas AMAT -sobre el ejercicio 2021 y el avance del primer cuatrimestre de 2022-, las cifras no dejan lugar a dudas y el aumento se ha producido en número de procesos, coste e incidencia media.

Pese a que el número de ITCC -ya sea por cuenta propia y por cuenta ajena- disminuyó en 2021 con respecto al año 2019 un 9,91% (no así en 2022), el coste de la prestación se vio incrementado en un 15,59% respecto a las cifras prepandemia, ascendiendo a 9.731,09 millones de euros. Este incremento en el coste se justifica en una pequeña parte por la subida de los salarios, pero el grueso lo ocupa el aumento de la duración media de los procesos de ITCC, ascendiendo a 52,04 días, un 23,93% más y 10,05 días superior a la de 2019.

Pero no solo ha aumentado el gasto en prestaciones con cargo a la Seguridad Social, sino que el elevado número de bajas laborales en 2021 tuvo un impacto en el coste directo para las empresas, que ascendió a otros 9.131,30 millones, así como en el coste de oportunidad -en términos de la producción de bienes y servicios que se dejaron de producir y prestar por los trabajadores que estuvieron de baja-, que AMAT estima en 87.439,87 millones, lo que supone un 7,27% del PIB registrado el año pasado. Es decir, el coste total del absentismo por ITCC en España se elevó a 106.302,26 millones en el ejercicio 2021. En total, un incremento del 16,04% y 9,79% respecto a los ejercicios 2020 y 2019.

Y las cifras no han mejorado en 2022. Al contrario, han empeorado aún más. En los cuatro primeros meses, el número de procesos iniciados de ITCC ha aumentado en un 46,21% en comparación con el año 2021, lo que equivale a 484.902 casos más, pasando de 1.049.271 procesos iniciados entre enero y abril de 2021 a 1.534.173 casos en el mismo periodo de 2022. La consecuencia inmediata es que el coste en las prestaciones económicas con cargo a cotizaciones de la Seguridad Social se ha disparado un 12,09%, lo que equivale a 249,95 millones de euros más, pasando de un coste total de 2.066,77 millones para el periodo enero a abril de 2021 a 2.316,72 millones para el mismo periodo del ejercicio 2022. “Es una barbaridad”, apuntan fuentes de las mutuas. En base a los datos de 2021, AMAT estima que casi 1,3 millones de trabajadores -alrededor de 7,3 personas de cada 100- no habrían acudido ningún día del año a su puesto de trabajo.

La factura para las empresas

En cuanto al coste directo a cargo de las empresas para el pago de la prestación económica entre el día 4 y el 15 -en cotizaciones, complementos y mejoras- se aprecia un incremento del 21,37%. Eso son 341,25 millones de euros más, pasando de un coste total de 1.596,65 millones para el periodo enero a abril de 2021 a 1.937,90 millones para el mismo periodo de 2022. Por tanto, el coste del absentismo por ITCC para los trabajadores protegidos por las mutuas -sin tener en cuenta el coste de oportunidad de los bienes y servicios que se habrían dejado de producir- asciende en total a 4.254,62 millones, un incremento del 13,90% y 591,20 millones más. La razón de que este crecimiento porcentual sea significativamente superior al del gasto en prestaciones económicas de las mutuas se debe a que el número de procesos se han incrementado en el citado 46,21%.

Legislación poco efectiva

En su informe, las mutuas reiteran que este absentismo por ITCC “afecta significativamente a la competitividad de las empresas y a las cuentas del Sistema de Seguridad Social” y cargan contra una legislación “de escasa efectividad que permite esta situación”. Se refiere el informe a las medidas legislativas que fueron destinadas a la mejora de la gestión y control de los procesos de baja, recogidas en la Ley 35/2014 y el Real Decreto 625/2014, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración. Por ello, reclaman la “urgente necesidad” de modificar “determinados aspectos” que influyen directamente en la gestión de la ITCC, para que permitan a las mutuas poder “prestar asistencia sanitaria y emitir altas médicas en los procesos de ITCC, lo que redundaría en una mejora de la competitividad para las empresas, que son quienes financian las prestaciones, y, por ende, para las cuentas de la Seguridad Social y la economía española, así como una mejora para la salud de los trabajadores en particular, acortando sus periodos de baja laboral, y a la ciudadanía en general ayudando a reducir las listas de espera del Sistema Nacional de Salud”, defiende el informe.

El 80% de los trabajadores, en mutuas

De este modo, las mutuas ven “injustificable a todas luces” que más de un millón de trabajadores cada año tarden más de 30 días volver a su trabajo, “cuando la duración de los procesos de ITCC se puede reducir fácilmente en ese tiempo”. El colectivo protegido por las mutuas representa el 79,70% de la Población Trabajadora -incluye a los Regímenes Agrario por Cuenta Ajena y al de los Empleados del Hogar, según los datos que disponen las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social-. El total Trabajadores protegidos en 2021 por el Sistema de Seguridad Social, según datos de la TGSS, ascendió a un total de 17.917.731 -este valor absoluto, no incluye a los Trabajadores del Régimen Agrario por Cuenta Ajena ni a los del Régimen de Empleados del Hogar-.