“Es inquietante lo que hace el Gobierno”: las energéticas dudan de que el impuestazo recaude 4.000 millones

Las energéticas han estallado contra la inseguridad jurídica en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha situado al sector en plena transición «verde», lo que pone en riesgo las inversiones y las apuestas de varios fondos de inversión en España. Aunque la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el impuestazo a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas no afectará a sus planes de reinversión ligados a la transición verde ya que «el diferencial es tan grande que caben las dos cosas, la de garantizar la reinversión y aportar esos beneficios extraordinarios para el conjunto de los ciudadanos», fuentes del sector aseguran a este diario que un impuesto que califican de «confiscatorio» sobre los supuestos «beneficios extraordinarios» que obtengan estas empresas entre 2022 y 2023, con los que se pretende recaudar 4.000 millones de euros entre 2023 y 2024,«por supuesto que va a tener un impacto claro en las inversiones que se realicen en España».

«Estas medidas están mal tiradas. El país con mayor regulación energética no ha logrado abaratar el precio de la electricidad, porque las decisiones que aprueban no están bien hechas», indican desde el sector eléctrico.

El Gobierno se ha fijado en el modelo italiano para la implantación del impuestazo. En Italia, las empresas generadoras de electricidad, gas y petróleo iban a pagar inicialmente al Estado un 10% de los beneficios que obtuvieron de diferencia entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior, siempre que la cifra fuera superior a los 5 millones de euros. Posteriormente, el Gobierno transalpino aprobó un gravamen adicional del 15%, por lo que la tasa final asciende al 25% de los beneficios extraordinarios de ese periodo. Sin embargo, está por ver la utilidad real del impuesto ya que en el caso de la mayor eléctrica italiana, Enel, de titularidad pública, las estimaciones apuntaban a un pago de apenas 10 millones en el periodo, según aseguró el consejero delegado de la energética, Francesco Starace, cuando aún no se había subido el gravamen otro 15%. En cualquier caso, sigue vigente que el monto final resulta «insignificante» para el gigante energético italiano y para el afán recaudatorio del fisco italiano.

Algo similar podría ocurrir en España. Las previsiones de Endesa, propiedad al 70% de Enel, apuntan a una senda de beneficios de entre 1.800 y 2.000 millones para los años 2022-2024, en consonancia con los resultados de 2021. No cabrían, por tanto, «beneficios extraordinarios» si se cumplen esas proyecciones.

La situación del mercado complica el golpe de efecto del Gobierno en la recaudación del impuesto, al menos en lo que se refiere a las eléctricas. Para empezar, porque el gran negocio de las eléctricas está en la distribución, que es una actividad regulada, como la que realiza Enagás, que indicó en su reciente presentación del plan estratégico 2022-2030 que no se veía afectada por el impuestazo ya que su actividad estaba “regulada”. Respecto a la generación y comercialización eléctrica, las compañías han ajustado sus ventas por debajo de los 67 euros el megavatio hora para evitar una reducción en los beneficios si los nuevos contratos o en la renovación de los extintos se supera esa cifra e indican que en la comercialización están operando a pérdidas. Este escenario no es, sin embargo, extrapolable al de los otros dos sectores: el gasista y, sobre todo, el petrolero. En cualquier caso, según las cifras de beneficios previstas por las grandes compañías que se verían afectadas, una tasa del 25% no arroja una recaudación tan elevada como la que pronosticas el Gobierno.

El malestar es más que notable en el sector, demonizado por el Gobierno de coalición social-comunista. «El que tiene beneficios extraordinarios por los impuestos que recauda es el Gobierno. Son inquietantes las decisiones que están tomando. Hay muchos sectores que han logrado beneficios récord desde la pandemia, pero se carga contra las energéticas y la banca, sectores muy intensivos en mano de obra. No somos el Banco de España, dependemos de nuestros accionistas y de los mercados financieros para levantar las infraestructuras que necesita España en la transición verde», remarca otra fuente de una multinacional energética consultada.

En este sentido, se espera una reacción negativa de las agencias de rating en cuanto se conozca con mayor profundidad el contenido del texto que diseña Hacienda y que será pactado por los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno mediante proposición de ley, lo que impide la inclusión de enmiendas.