El agujero de la Seguridad Social equivale a 2.500 euros por trabajador

A estas alturas, después de los varapalos de la Autoridad Fiscal (AIReF) y del Banco de España, pocos dudan de que, como en el caso de la reforma laboral, las medidas introducidas para paliar el creciente e imparable agujero de la Seguridad Social son más cosméticas que efectivas. Y es que, si detraer recursos de los bolsillos de empresarios y trabajadores para engordar la Hucha de las Pensiones en vez de atajar el abismal agujero del sistema ya es un contrasentido, pretender acelerar el gasto a sabiendas de que los recursos provenientes de las cotizaciones no dan abasto roza el delirio salvo que se vaya a disparar la presión sobre los asalariados.

Las cuentas son escalofriantes. El déficit básico de la Seguridad Social, sin tener en cuenta las transferencias del Estado y con el régimen de las Clases Pasivas incluido, ha aumentado en 61.000 millones de euros desde 2005, el equivalente a cinco puntos del PIB, según cálculos realizados por Fedea en un artículo elaborado por su director adjunto, Ángel de la Fuente.

Es cierto que las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (SSA), Clases Pasivas incluidas, registran en estos 18 años un incremento de los ingresos, pero también un mayor aumento de los gastos, especialmente los no contributivos –subvenciones, ayudas y complementos– que se han multiplicado por cuatro entre 2005 y 2023. A este respecto, Fedea señala a la puesta en marcha y gradual desarrollo del sistema de atención a la dependencia y la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como prestación de último recurso para la protección de los hogares más vulnerables como propelentes del creciente agujero.

En términos absolutos, sin embargo, el incremento del gasto no contributivo (unos 6.000 millones de euros a precios constantes) es «muy inferior» al del gasto en prestaciones contributivas, que se acerca a los 85.000 millones de euros, de los que en torno a 80.000 millones corresponden al gasto en pensiones, incluyendo las de Clases Pasivas.

Los ingresos, por su parte, crecieron entre 2005 y 2023 «bastante más despacio que los gastos», multiplicándose por 1,58 frente a 1,83, lo que se ha traducido, según De la Fuente, «en un importante deterioro del saldo presupuestario del sistema», que ha pasado de un superávit de 12.600 millones en 2005 –crisis financiera y Covid de por medio– a un déficit esperado de 6.400 millones de euros en 2023, muy difuminado por las transferencias del Estado para enjuagar el agujero.

De hecho, sin las transferencias, el déficit habría aumentado en 61.000 millones de euros o cinco puntos de PIB entre 2005 y 2023. Esto indica que la brecha entre los gastos y los recursos propios del sistema «ha aumentado dramáticamente, y con ella la carga que éste supone para la Hacienda del Estado», subraya De la Fuente.

De esta forma, el déficit básico alcanza niveles «preocupantes», en torno al 4% del PIB, lo que supone unos 2.500 euros anuales por trabajador «ocupado».

Entre 2019 y 2023, la deuda del sistema con el Estado, tanto bruta como neta del Fondo de Reserva, ha aumentado en casi un 90% hasta situarse en torno a los 100.000 millones de euros.

Crítica al Fondo de Reserva

De la Fuente, explica que el agujero sigue creciendo a pesar de que la pandemia ha pasado. «Se prevé que esto sea cierto incluso en 2023 pese a la puesta en marcha con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, de una subida de cuotas que se destinará a nutrir el Fondo de Reserva, lo que no tiene demasiado sentido cuando el sistema sigue teniendo un apreciable déficit año tras año», apunta. «No hay un excedente real que se pueda ingresar en el Fondo de Reserva, estamos emitiendo más deuda para financiar una aportación ficticia al mismo», denuncia.

En cuanto al saldo contributivo del sistema, el déficit con datos de 2022/23 se sitúa en 48.000 millones de euros, casi el 4% del PIB, «absorbiendo en torno a un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado».

Unos desajustes que podrían descontrolarse aún más habida cuenta de que la tasa de dependencia, que muestra la proporción entre la población activa y dependiente, se disparará al 57% en 2050, con respecto al 33% actual, según avisa el Instituto Santalucía.

En el artículo de Fedea, De la Fuente explica que el déficit contributivo se ha financiado por ahora por el Impuesto de Seguridad Social, que grava las rentas salariales situadas por encima de la pensión máxima y que ha aportado entre 4.000 y 7.000 millones anuales; las transferencias del Estado, que han crecido desde 2.000 hasta 35.000 millones entre 2005 y 2023, y la emisión directa de deuda de la Seguridad Social, asimilada ahora por el Estado.