El déficit de la Seguridad Social supondrá el 72% del agujero del Estado en 2023

Una situación “más que preocupante” por el “creciente” uso que se hace de las transferencias del Estado para financiar gastos “impropios” de la Seguridad Social. Así define la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el alarmante estado de las cuentas de la Seguridad Social en su último análisis sobre sus finanzas públicas, en el que muestra su disconformidad con que se recurra a las transferencias del Estado “para financiar unos supuestos gastos impropios de la Seguridad Social que, al menos en parte, no son tales y, por tanto, no deberían correr a cargo del Estado”.

En su informe -dirigido por Miguel Ángel García, miembro de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, la fundación advierte de que estos trasvases suponen ya el 1,4% del PIB -eso serían casi 20.000 millones este año- y tienen el efecto de trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, “ofreciendo una imagen no ajustada a la realidad de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones”, insiste el texto del informe, que detalla que si se substrae esta partida de los ingresos del sistema, así como los ingresos del Mecanismo de Equidad intergeneracional (MEI) que van al fondo de reserva, el déficit real sería del 2,4% del PIB, lo que supondría el 72% del déficit total de los Presupuestos de 2023 que se están tramitando en el Congreso y el 60% del saldo negativo de todas las administraciones públicas.

Según resalta Fedea, con estas correcciones, la senda del déficit de la Seguridad Social contributiva mantiene la tendencia negativa iniciada en 2008, básicamente agravada por el incremento exponencial del gasto dedicado a las pensiones y que va a ir más, por lo que este think tank alerta de la decisión del Ejecutivo de ligar esta prestación con el IPC. “La llegada de un choque externo inesperado y abrupto que ha disparado un episodio de elevada inflación, ha demostrado el riesgo de mantener en cualquier circunstancia la actualización de las pensiones con el IPC, facilitando que los pensionistas sean de los pocos colectivos que consiguen proteger su renta ante un fenómeno que esperemos sea excepcional, deteriorando la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y la equidad personal y entre generaciones, consecuencia de una desequilibrada distribución de los esfuerzos entre la población española.”

Asimismo, Fedea advierte que la partida destinada a pensiones en los presupuestos del Sistema de la Seguridad Social para 2023 absorberá por sí solo más del 85% del gasto “debido al fuerte aumento que comportará la actualización de estas prestaciones con la tasa media anual de crecimiento del IPC, en un contexto de muy elevada inflación provocada por un fuerte shock externo que afecta a toda la sociedad”. Este organismo también subraya la mejora de las dotaciones del Ingreso Mínimo Vital y la Atención a la Dependencia añadirán mayor presión a las arcas de la Seguridad Social.

Para sostener solo en parte este gasto, los ingresos por cotizaciones en 2023 podrían aumentar el 7,1%, utilizando la previsión de crecimiento del empleo a tiempo completo de los PGE 2023 (0,6%), un favorable aumento de la base media, la elevación de las bases mínima y máxima, y la mayor recaudación obtenida con el aumento del tipo de cotización en un 0,6% destinado al MEI -2%, que serían 2.793 millones de euros-. De cumplirse estas previsiones, la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales en 2023 (5,1% deducido el MEI) será muy inferior al aumento del gasto en pensiones (10,1%).

De este modo, las proyecciones de Fedea para el déficit de 2023 difieren de las previstas por el Ejecutivo al compararlas con el saldo estimado para 2022, y sitúa el déficit de la Seguridad Social para el próximo ejercicio en el 0,7% del PIB, dos décimas por encima de lo proyectado por el Gobierno. Este porcentaje se elevaría hasta el 0,9% del PIB, “si se deducen los ingresos extraordinarios” que se esperan obtener a través del MEI, “que en puridad deben inyectarse en el Fondo de Reserva para ser utilizados en el pago de pensiones a partir de 2032″, apunta García. “De ser así, se alejaría del objetivo del Gobierno de alcanzar el equilibrio presupuestario en la Seguridad Social al final de la legislatura”, a pesar de haber inyectado transferencias adicionales desde el Estado por valor de esos casi 20.000 millones. “Conocido el contenido del presupuesto, podría considerarse incoherente que en un sistema con saldo negativo a pesar de haber inyectado una gran cantidad extra de dinero y en el que se espera en breve la llegada de la generación del ‘baby boom’ a la edad de jubilación, se proceda a elevar todas las pensiones en un porcentaje muy elevado, que aumentará exponencialmente durante muchos años”, argumenta.