Energía
Berkeley denuncia a España y le reclama 920 millones de euros por la paralización de la mina de uranio de Salamanca
La compañía asegura que sigue abierta a negociar una solución con el Gobierno
Berkeley ha presentado oficialmente la denuncia contra España que anunció en abril. La compañía minera inglesa ha anunciado que ha iniciado un procedimiento de arbitraje contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) para resolver la disputa que mantiene con España por el proyecto de mina de uranio que quiere abrir en la localidad salmantina de Retortillo (Salamanca). LA RAZÓN ya avanzó en marzo de 2023 que la compañía estaba valorando esta vía para desatascar su proyecto.
La minera ha explicado que, como parte de su solicitud, está buscando "una compensación que de manera preliminar será del orden de 1.000 millones de dólares -unos 920 millones de euros al cambio actual-". Este arbitraje podría convertirse en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno, asegura Berkeley.
La denuncia se produce, como explica Berkeley, después de que el Gobierno no haya entablado ninguna negociación al respecto tras la notificación presentada por la compañía en noviembre de 2022 al presidente del Ejecutivo y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) informándoles de la naturaleza de la disputa y de las violaciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), y proponiendo buscar negociaciones para una solución amistosa conforme al artículo 26.1 del TCE . "Hasta la fecha, el Gobierno español aún no ha entablado ninguna conversación relacionada con la disputa y Berkeley Exploration Limited ha presentado ahora su solicitud para hacer valer sus derechos en el proyecto Salamanca a través del arbitraje internacional", expone la compañía.
Rechazo
Berkeley presentó una notificación por escrito tanto a Presidencia del Gobierno como al Miteco anunciando una posible disputa de inversión en noviembre de 2022 en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía, justo antes de que España abandonase este tratado y evitase que Berkeley pudiese recurrir a esta vía. Este marco prevé tres meses de negociación entre las partes antes de recurrir a medidas más contundentes como el arbitraje. Sin embargo, la minera y el Gobierno no han alcanzado ningún acuerdo, como pone de manifiesto el hecho de que Transición Ecológica resolviese de forma negativa el 6 de febrero de 2023 el recurso que la compañía presentó en diciembre de 2021 contra la decisión del ministerio de paralizar el proyecto.
Amparándose en un informe negativo delConsejo de Seguridad Nuclear (CSN), el departamento que dirige Teresa Ribera resolvió entonces denegar el permiso para iniciar la construcción del proyecto. Una decisión muy cuestionada por Berkeley. La compañía, sin embargo, considera que el documento del CSN alega "incertidumbres" que, según la minera, podrían haberse resuelto, tal y como le transmitieron a Transición Ecológica durante el trámite de audiencia que se celebró en el proceso por el que la minera recurrió la denegación del permiso en diciembre de 2021.
A pesar de la disputa por las inversiones, Berkeley ha asegurado que sigue comprometido con el proyecto de Salamanca y continúa "abierto a un diálogo constructivo con España", subrayando que está dispuesto a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una solución amistosa a la situación y tiene la esperanza de que puedan tener lugar negociaciones en el corto plazo.
Berkeley también presentó en abril del pasado año un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Miteco de paralizar el proyecto de Salamanca.
Berkeley asegura que ha invertido ya 100 millones en el proyecto
La minera ha explicado que la tasa de producción del proyecto Salamanca de 4,4 millones de libras de U3O8 por año (en producción nominal) cubriría más del 100% de la demanda doméstica de España, y representa el 15% de la demanda europea, lo que puede ser suministrado durante un período mínimo de 14 años, basado en las reservas de mineral actuales del proyecto. "Por lo tanto, y con la capacidad de suministrar más del 10% del consumo de uranio de la Unión Europea, el proyecto Salamanca cumpliría con el objetivo para 2030 de la recientemente aprobada Ley de Materias Primas Críticas", añade.
Berkeley ha asegurado asimismo que el proyecto Salamanca es "clave para la reactivación del empleo en un área devastada por la despoblación en las últimas décadas". Hasta la fecha, la compañía afirma que ha invertido más de 100 millones de euros en el proyecto, de los cuales más del 40% permanecieron en la región, y ha contado con más de 70 empleados.
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