Berkeley se plantea una doble demanda judicial contra el Gobierno por frenar la mina de Uranio de Salamanca

Berkeley no quiere judicializar su proyecto para construir una mina de uranio en la localidad de Retortillo (Salamanca). Pero tampoco se va a quedar de brazos cruzados ante la negativa del Gobierno a dar luz verde a una explotación que, según la minera, es viable tanto técnica como económicamente. Por eso, la compañía australiana no descarta lanzar una doble ofensiva judicial contra el Ejecutivo para poder poner en marcha el proyecto.

Según explican fuentes conocedoras de la situación, Berkeley tiene sobre la mesa dos alternativas judiciales de las que tirar: un arbitraje internacional y la contencioso-administrativa en España. En cuanto al posible arbitraje, las fuentes recuerdan que la compañía presentó una notificación por escrito tanto a Presidencia del Gobierno como el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) anunciando una posible disputa de inversión en noviembre de 2022 en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía, justo antes de que España abandonase este tratado y evitase que Berkeley pudiese recurrir a esta vía. Este marco prevé tres meses de negociación entre las partes antes de recurrir a medidas más contundentes como el arbitraje. Sin embargo, la minera y el Gobierno no han alcanzado ningún acuerdo, como pone de manifiesto el hecho de que Transición Ecológica resolviese de forma negativa el pasado día 6 de febrero el recurso que la compañía presentó en diciembre de 2021 contra la decisión del ministerio de paralizar el proyecto.

Amparándose en un informe negativo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el departamento que dirige Teresa Ribera resolvió entonces denegar el permiso para iniciar la construcción del proyecto. Una decisión muy cuestionada por Berkeley. La compañía, según estas fuentes, considera que el documento del CSN alega "incertidumbres" para no haber sido positivos que, según la minera, podrían haberse resuelto, tal y como le transmitieron a Transición Ecológica durante el trámite de audiencia que se celebró en el proceso por el que la minera recurrió la denegación del permiso en diciembre de 2021.

Desde el ministerio, sin embargo, se hicieron oídos sordos a estas peticiones de la compañía y se desestimó su recurso el mes pasado, lo que deja hasta el próximo 6 de abril a la compañía la posibilidad de abrir la vía del contencioso-administrativo que ahora está valorando, además de la del arbitraje internacional, que no descartan incluso llegar a combinar.

Arrancar, la prioridad

La vía judicial es, en todo caso, el último extremo al que querría recurrir Berkeley. La minera lleva desde el año 2012 intentando poner en marcha el yacimiento y los tribunales sólo lo retrasarían más en caso de resolver a su favor. La autorización previa para la mina, que fue recurrida por varios partidos de la oposición, recibió el visto bueno de los tribunales tras un periplo que duró tres años. Por eso, la minera y sus inversores lo que quieren es un acuerdo lo antes posible para activar un proyecto en el que ya han invertido 100 millones de euros y para el que ya tienen todos los permisos, menos el de Transición Ecológica. Desde la compañía no entienden que, en un momento energéticamente tan delicado como el actual, el Gobierno no prefiera garantizarse el suministro de uranio para las centrales nucleares españolas teniendo en cuenta que, según datos de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), el suministro proviene de países con una seguridad jurídica tan cuestionable como Rusia (29,1%), Kazajistán (34,4%) o Uzbekistán (14,6%).

Frente a los temores por poner en marcha una explotación de un mineral radioactivo, Berkeley también ha recordado en varias ocasiones que, desde los años 60 del siglo pasado y hasta comienzos de este, se ha estado extrayendo este mineral en Salamanca sin ningún incidente. Y eso, añaden, a pesar de hacerse con una tecnología mucho más obsoleta de la que se emplea en la actualidad.