Bruselas quiere utilizar los fondos de garantía de depósitos para salvar bancos medianos

La Comisión Europea pretender reforzar las herramientas para gestionar las crisis de los bancos pequeños y medianos. El objetivo es que estas entidades no tengan que someterse a procesos de insolvencia ordinarios sino que puedan utilizarse los fondos de garantía de depósitos nacionales para financiar su resolución, de forma que sean las propias entidades las que asuman las pérdidas y no sea necesario recurrir al dinero público. “Si un banco quiebra, los contribuyentes no deberían acabar pagando la factura una vez que el banco ha agotado su propia capacidad de absorber pérdidas”, ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente económico Valdis Dombrovskis.

La primera entidad europea que se sometió a este tipo de procedimiento fue el Banco Popular, considerado sistémico, y ahora Bruselas quiere extender este modelo en el que los accionistas y bonistas de deuda de alto riesgo acaban perdiendo la totalidad de sus inversiones. La Comisión Europea defiende este modelo de resolución de crisis ya que los clientes pueden mantener el acceso a sus bancos y sus ahorros pueden transferirse de un banco enfermo a uno sano, lo que resulta también mucho más tranquilizador para el sistema en su conjunto.

A pesar de este nuevo enfoque, Bruselas reconoce no ser capaz de calcular cuántas nuevas entidades podrán beneficiarse de este sistema, ya que serán las autoridades nacionales las que se encarguen de decidir el procedimiento. Antes de la presentación de esta propuesta, Alemania había pedido que sus cajas de ahorros quedaran exentas de esta nueva normativa y el texto de la Comisión Europea da la suficiente discrecionalidad para que así suceda y que cada país tenga la última palabra. Aunque Bruselas llevaba tiempo analizando esta reforma, la crisis financiera desatada hace un mes por la quiebra de Silicon Valley Bank y Credit Suisse ha hecho que la aprobación de esta nueva normativa sea más imperiosa que nunca, si bien ahora el texto debe pasar por el visto bueno de las capitales europeas y la Eurocámara para que pueda convertirse en realidad.

Además, esta nueva propuesta pretende proteger de manera más eficaz a los ahorradores europeos. Si bien se mantiene la cifra de los depósitos de 100.000 euros individuales, esta normativa pretende extender el nivel de protección a entidades públicas como hospitales, escuelas y municipios así como el dinero depositado en ciertas empresas de inversión o entidades de pago. Además, la protección podrá ser superior a los 100.000 euros de manera temporal en circunstancias especiales como indemnizaciones de seguros o herencias.