Nuevo golpe a los pisos turísticos: Booking elimina más de 4.000 anuncios ilegales tras un requerimiento de Consumo

Consumo se anota una nueva victoria en su guerra contra los pisos turísticos ilegales. Booking ha eliminado 4.093 anuncios ilegales de pisos turísticos tras un requerimiento enviado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la plataforma, una de las empresas más grandes del mundo en la gestión del alquiler de alojamientos turísticos. En el requerimiento, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy informó a esta multinacional que había detectado en su plataforma publicidad que incumplían la ley y la instó a eliminarla, una petición que ha acabado atendiendo.

Los mayoría de los anuncios retirados corresponden a alojamientos ubicados en las Islas Canarias, una zona de alta demanda turística, pero también se han producidos retiradas en otras regiones como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. El titular de Consumo, Pablo Bustinduy, considera "decisiva" la lucha contra la publicidad ilegal de pisos turísticos para "poner coto a la proliferación indiscriminada de este tipo de alojamientos" y que, a su juicio, supone una de las causas que hay tras las dificultades en el acceso a la vivienda que sufren miles de personas actualmente en España, especialmente en las zonas que reciben una mayor afluencia de turistas como es el caso de las Islas Canarias.

Desde Consumo se ha puesto en valor la colaboración que la empresa ha mantenido con el Ministerio tras el envío de este primer requerimiento para que los anuncios de pisos turísticos se ajusten a la legalidad vigente y ofrezcan todas las garantías a los consumidores. Consumo considera que un anuncio vulnera la normativa al incurrir en las siguientes prácticas: no incluir el número de licencia o registro -algo obligatorio en varias normativas autonómicas y que supone la infracción más común-; no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si son profesionales o particulares, lo cual es fundamental para determinar si el contratante está protegido como consumidor; o incorporar números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, lo que puede inducir a error o engaño a los consumidores.

Mientras valora la colaboración de Booking, Consumo critica la resistencia de Airbnb a retirar los anuncios supuestamente ilegales detectados en la plataforma. Hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió un nuevo auto en el que volvió a rechazar las medidas cautelares que Airbnb solicitó para no acatar la orden del Ministerio de Consumo, avalada por este mismo tribunal en un auto anterior, para bloquear en su plataforma los anuncios de alojamientos turísticos que no cumplen la ley.

Desde Consumo se detectaron 65.935 anuncios ilegales en la plataforma de Airbnb, y se solicitó su retirada a esta empresa multinacional en tres comunicaciones diferentes. El auto del TSJ de Madrid se ha pronunciado sobre esta primera comunicación, que incluye 5.800 anuncios ilegales. Tras este segundo auto, todos estos anuncios deben ser retirados tal y como requirió la Dirección General de Consumo.

La plataforma de alquileres turísticos aseguró que "continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso", defendiendo su buen hacer y acusando Ministerio de Consumo de no ser "competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos". Airbnb señala que Consumo "ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística). También ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro". Asimismo, incide en que "estas actuaciones están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas".