Mercado inmobiliario

El Gobierno liquida la Sareb con el traspaso de 40.000 de sus viviendas a la nueva empresa pública para destinarlas a alquiler asequible de por vida

El "banco malo" también ha traspasado 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 viviendas

MADRID (ESPAÑA), 01/07/2025.- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes en Moncloa, Madrid. EFE/ Javier Lizón
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosJavier LizónAgencia EFE

La nueva empresa pública de vivienda proyectada por el Gobierno comienza a cobrar vida. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el traspaso de la Sareb al Sepes, embrión de esta nueva sociedad, de más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 viviendas.

Una vez analizada la cartera de activos del denominado "banco malo", que se quedará casi sin producto residencial; y según ha acordado hoy martes el Consejo de Ministros, estas viviendas y suelos, cuyo valor de mercado estimado es de 5.900 millones de euros, pasarán a ser parte del parque público de vivienda asequible para siempre.

Según ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se trata de "recuperar esas casas que nunca debimos perder" e incorporarlas al parque público de alquiler asequible, cuyo pago no requiera más del 30% de los ingresos de las familias.

Para completar el traspaso, que Rodríguez ha explicado que se hará a través de una donación que no tendrá coste para la nueva empresa estatal de vivienda, lo primero que se hará será traspasar los activos a Patrimonio del Estado por seguridad jurídica y luego a la nueva sociedad.

Respecto a cuándo estarán disponibles estas viviendas, la ministra ha afirmado que el Gobierno tratará de que estén en manos de los ciudadanos "lo antes posible", pero que dependerá de su estado de conservación, que no es el mismo en todos los casos. A este respecto, el Consejo de Ministros también ha habilitado a la empresa pública para poder usar otros 593 millones para adecuar estas viviendas, desarrollar los suelos, completar otras adquisiciones o adecuar el resto de inmuebles que se van a ir incorporando.

La ministra ha detallado también que para gestionar estas viviendas, tratarán de alcanzar acuerdos con empresas públicas autonómicas y municipales y que, en caso de ser necesario, priorizarán al tercer sector por delante de la iniciativa privada.

El pasado mes de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció esta operación al informar de que se iban a transferir 30.000 viviendas de Sareb a la nueva empresa pública -13.000 de ellas de forma inmediata- y que en 2026 se añadirían otras 10.000.

Criterios de selección

Para determinar los activos que Sareb que pasará a Sepes, se han tenido en cuenta distintos criterios geográficos, económicos, técnicos y urbanísticos.

En el caso de las viviendas, aquellas que están situadas en municipios de áreas metropolitanas e islas, en municipios con más de 5.000 habitantes o en los que la población está creciendo más del 5% en los últimos diez años.

Se incluyen viviendas de hasta 85 m2 útiles, independientemente del valor de tasación, y aquellas de hasta 150 metros cuadrados cuyo valor de tasación no supere en un 40% el que resulta de multiplicar la extensión del inmueble por el precio medio que arroja la estadística de Ministerio.

Los edificios y viviendas no podrán presentar patologías estructurales, estarán acordes con la legislación urbanística y tendrán condiciones de habitabilidad adecuadas.

Para aquellas con un contrato de alquiler social en vigor, serán adscritas todas las viviendas.

En el caso de los suelos, el criterio geográfico se extiende a aquellos ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes. Se incluyen los suelos viables, estableciéndose un alquiler para una vivienda tipo de 70 metros; con una superficie superior a 150 metros; un uso residencial -plurifamiliar o colectiva-; que puedan albergar promociones de 30 o más viviendas y que estén inscritos en el Registro de la Propiedad y en la Dirección General del Catastro.