El «caso Ángela de Miguel» en la junta de Cepyme parece haberse cerrado en falso. Pese a que se decidió archivar la investigación por parte del Comité de Régimen Interno de la patronal sobre el presunto trato de favor a los abogados de su despacho en una contratación pública, algunas organizaciones empresariales siguen planteando que se revise el caso.

De Miguel, candidata alternativa a Gerardo Cuerva en las próximas elecciones a la presidencia de Cepyme, y que cuenta con el respaldo de CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, parecía haber superado este trance sin que se hubiese abierto una investigación formal, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la organización. Sin embargo, sectores críticos en la patronal de las pymes no quieren que se pasen por alto estas irregularidades.

De este modo, el presidente de la Asociación Nacional de Gestores Administrativos, Fernando Santiago Ollero, ha presentado al presidente del Comité, Pedro Fernández Alén, una denuncia oficial sobre estos hechos y una petición formal para que aclare los motivos por los que fue rechazada la investigación en primera instancia y que se analicen los hechos denunciados. En concreto, critican que la decisión de rechazar el presunto incumplimiento del Código Ético y Buen Gobierno de Cepyme por parte de De Miguel no fue acompañada «de ninguna explicación, análisis o motivación que permita comprender en qué se ha basado dicha conclusión».

En la misma carta, advierte de que «la preocupante omisión del deber de diligencia», que corresponde a la Comisión, «pone en cuestión la credibilidad del órgano de control y, más aún, su legitimidad institucional», por lo que exige que se vuelva a reabrir la investigación por «integridad y transparencia a terceros. Debemos empezar por cumplir y hacer cumplir con ejemplaridad nuestras propias reglas internas».

En su escrito, Fernando Santiago adjunta un informe elaborado por su asesoría jurídica «en el que se identifican, siempre con carácter provisional y en el supuesto de que los hechos aparecidos en medios fueran ciertos, los posibles delitos, infracciones o incumplimientos en los que podría haber incurrido cada parte implicada».

Dentro de estas infracciones o delitos señala que Ángela de Miguel podría haber cometido presuntamente los de corrupción entre particulares –por conceder un beneficio indebido a empleados o colaboradores de su empresa–; fraude de subvenciones –por usar fondos públicos sin transparencia–; tráfico de influencias –por usar una posición de poder en su beneficio–: y una infracción grave del Código Ético y Buen Gobierno de Cepyme.

La denuncia presentada por el presidente de los gestores administrativos tiene que ver con unos hechos que se remontan a 2018, cuando supuestamente De Miguel logró que se nombrara a cuatro de los cinco socios de su despacho, Negotia Abogados, como mediadores del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), una entidad pública adscrita a la mesa de diálogo social del que ella formaba parte. Una conducta que la junta de Cepyme ha entendido como "no constitutiva de sanción ni investigación", algo que no ha convencido a Fernando Santiago, por lo que ha presentado esa petición a Fernández Alén, de la que aún no ha tenido respuesta.