Díaz pospone en el último momento la reducción de jornada a 37,5 horas ante la falta de apoyos

Yolanda Díaz no ha tenido más remedio que dar su brazo a torcer -por ahora- en su intención de avanzar en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante la propuesta.

La ministra de Trabajo ha pedido abordar el debate de reducción de jornada "en condiciones más favorables posibles".

La vicepresidenta segunda ha insistido hoy en que el debate sobre la reducción de la jornada laboral con los grupos parlamentarios debe darse "en las condiciones más favorables posibles".

Así pues el debate a la totalidad en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas se aplazará al próximo periodo parlamentario de sesiones en septiembre por el ambiente político tras los presuntos casos de corrupción del PSOE y a petición de la formación catalana Junts, que ha solicitado más tiempo para seguir analizando las propuestas.

Díaz quería que el debate sobre las enmiendas a la totalidad del proyecto ley de la rebaja de la jornada se produjera antes de que concluyera el periodo de sesiones, es decir, antes de las vacaciones de agosto, una fecha que desde Sumar habían fijado para el 22 de julio, en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la derecha nacionalista de Junts ha paralizado todo los planes de Díaz. Junts ha pedido más tiempo para analizar el impacto de esta medida en las pymes, autónomos y trabajadores de Cataluña y ha demandado que la ley recoja "todas" las peticiones, ya que "no es posible sin consenso" avanzar en la medida.

Además, subrayan que la situación política actual les hacía temer que el debate sobre el proyecto de ley quedara "secuestrado" si se realizaba el 22 de julio, ya que se desarrollaría en un clima "enrarecido" donde la medida se convertiría en un "plebiscito" del apoyo o no al Gobierno.

Fuentes de Trabajo consultadas por Europa Press indican que este retraso no implica renunciar a que la medida, que afecta a 12 millones de personas, salga adelante este año. En este sentido, subrayan que una vez el proyecto de ley ha entrado en el "carril parlamentario", dilatar el debate a la vuelta del verano "no supone mucho".