El BCE alerta de que las pensiones serán insostenibles en veinte años

Los sistemas de pensiones de reparto, el que se aplica en España y en muchos países europeos, tienen un futuro incierto por culpa de la actual pirámide poblacional del continente, ya que el envejecimiento de la sociedad disparará el gasto mensual en prestaciones sociales sin que un relevo generacional en el mercado laboral equilibre la balanza.

El Banco Central Europeo (BCE) no quiere dejar pasar más tiempo y pide un cambio de rumbo en el actual sistema de prestaciones a los trabajadores jubilados. Por ello advierte con preocupación de que el gasto en pensiones, que es la parte más elevada del desembolso social, registra máximos históricos en las principales economías europeas y, si no se emprenden reformas inmediatas, seguirá creciendo exponencialmente y convertirá en insostenible el sistema en 20 años.

Las pensiones representan la mayor carga en el apartado de gastos para los Gobiernos. Las últimas estimaciones sitúan los compromisos acumulados de la Seguridad Social hasta la fecha en más del 200% del Producto Interior Bruto (PIB) en la mayoría de los países de la UE. Por ello, el impacto máximo sobre los presupuestos generales de los estados se producirá «cuando la generación del ‘'baby boom’' –aquellos nacidos entre finales de los años 50 y principios de los 70 del pasado siglo– se jubile» –en torno al año 2040 en la mayoría países de la zona del euro–, por lo que la insostenibilidad del sistema habrá llegado a su punto más crítico, advirtió el BCE en su último boletín económico, publicado ayer.

El efecto será especialmente acusado en los países con sistemas públicos de pensiones de reparto –como el caso de España y casi todo el arco mediterráneo–, lo que suscitará problemas de equidad intergeneracional, ya que la ratio cotizantes-beneficiarios disminuye a pasos agigantados cada año. El supervisor bancario predice que el envejecimiento conducirá a un enorme aumento del gasto sanitario y a una disminución de la oferta de trabajo, del crecimiento y de la innovación. Para contrarrestar esta situación considera necesario establecer colchones fiscales en muchos países, afrontar reformas que promuevan la sostenibilidad de sus respectivos sistemas de Seguridad Social y emprender, además, «los cambios necesarios para reforzar sus mecanismos nacionales y salvaguardar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, que deberán buscar medidas que incrementen la eficiencia de los limitados recursos de los que disponen para afrontar el gasto social».

En este sentido, el desembolso en este apartado ha crecido de forma continuada desde 2001, tanto en términos nominales como en porcentaje sobre gasto público total, aunque respecto al PIB mostró cierta volatilidad desde el estallido de la crisis en 2008. Según datos de la máxima entidad bancaria, la zona euro gastó en provisiones sociales en 2017 alrededor del 40% de los presupuestos públicos, lo que significa el 31% del PIB o 3,5 billones de euros. «Los países deberían buscar políticas y reformas que garanticen la sostenibilidad, especialmente en vista del envejecimiento de la población y de la posibilidad de que se produzcan perturbaciones económicas negativas», recomienda el BCE, que no descarta un cambio negativo de la economía mundial.

Aunque existen claras diferencias entre países en cuanto al nivel de protección social –mientras en Malta y Letonia el gasto es sólo la tercera parte del presupuesto, en Finlandia o Alemania resulta más de la mitad–, en todos los países el principal componente es el gasto en pensiones (42% del total), que equivale, en promedio, al 12,4% del PIB, seguido de enfermedad y discapacidad, familia e hijos, desempleo y vivienda social.

«Pese a las reformas de los sistemas de pensiones acometidas en muchos países de la zona del euro, éstas representan la mayor carga para los Gobiernos», concluye su informe el BCE, que recalca que dedicar especial atención a garantizar que se destinen suficientes recursos a la educación «ha demostrado que el gasto en esta área tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico a largo plazo», lo que, a la postre, garantizará las pensiones futuras.

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