Análisis

España, líder en interinos

La UE ha retenido a España 1.100 millones de euros por no reducir la temporalidad en el sector público

MÁLAGA, 17/07/2025.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, imparte la conferencia "Políticas económicas que transforman. Hechos frente a dogmas"’, durante los cursos de verano de la Universidad de Málaga (UMA). EFE/Daniel Pérez
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús MonteroDaniel PérezAgencia EFE

Acabamos de recibir un generoso pellizco de Bruselas por valor de 23.100 millones de euros del plan de recuperación, un desembolso histórico pues es el mayor pago realizado hasta ahora a un Estado miembro y que debería ser objeto de celebración. Sin embargo, este cheque nos llega con letra pequeña pues hay 1.100 millones que han quedado retenidos porque no hemos hecho los deberes, de ellos 627 millones por incumplir con una de las exigencias que es reducir la temporalidad del sector público donde uno de cada tres empleados es interino, es decir, miles de personas que, aunque oficialmente ocupan plazas temporales, algunos llevan en sus puestos más de 20 años con una estabilidad que ya quisieran muchos funcionarios de carrera.

El hecho de que la temporalidad en el sector público español duplique la media europea, no solo distorsiona el mercado de trabajo, sino que reduce los incentivos para mejorar la productividad y dificulta alcanzar la tasa del 8% que era la condición para liberar el pago. Todo ello pone de manifiesto que no hay un problema de recursos sino de voluntad política para acometer los profundos cambios en la forma en que se contrata y gestiona a los empleados públicos.

En este sentido, la temporalidad no es solo un síntoma aislado sino la expresión estructural de un sistema que retrasa decisiones incómodas, protegido por unos sindicatos y por una tradición burocrática que confunde la estabilidad institucional con la inmovilidad. De hecho, tenemos procesos de estabilización que se alargan durante años, recursos judiciales que bloquean convocatorias y un rosario de excepciones “justificadas” que mantienen a miles de interinos en un perpetuo limbo laboral. Un ejemplo es el proceso de estabilización que fue convocado en 2022 y, a día de hoy, se encuentra pendiente de publicación de oferta de plazas disponibles y del proceso de adjudicación, lo cual depende de que se resuelvan otros concursos, es decir, a este ritmo, pasarán más de 3 años en los que algunos interinos habrán cesado y otros se habrán jubilado.

Cada vez son más los que piensan que estabilizar a un interino es como terminar la Sagrada Familia, todos sabemos que algún día ocurrirá, pero nadie sabe cuándo.

Juan Carlos Higueras es Doctor en Economía y Vicedecano de EAE Business School