El emprendimiento se ha convertido en España en una aventura para valientes que deben asumir todos los riesgos sin que las contrapartidas sean consecuentes al esfuerzo. El último Informe GEM España 2024-2025, elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España (OEE), deja claro que las políticas destinadas a apoyar este emprendimiento provocan el efecto contrario, dificultan y ponen obstáculos que, en muchos casos, son insalvables. Consecuencia directa de ello es que la cifra de trabajadores que planean poner en marcha un negocio en los próximos tres años apenas pasa del 11% desde hace más de una década, cuando en el resto de países de la Unión Europea el porcentaje se acerca al 40%. Las barreras invisibles de la burocracia, la sobrerregulación, la mala relación proporcional entre lo que se paga y se recibe, las dificultades de financiación y el exceso de fiscalidad retraen el emprendimiento, que solo crece de forma nominal, pero no estructural.

Y desde el Ejecutivo de Sánchez, con la excusa de la mejora de la protección social y de la sostenibilidad financiera, han decidido apretar las clavijas de la fiscalidad y las contribuciones sociales en vez de aprobar medidas de apoyo. Todo ello coloca a España entre los países en los que es más complicado desarrollar un negocio.

Las cifras no mienten. Un tercio del tipo total de la cotización de la base declarada se destina a contingencias comunes, entre las que se incluye el cese de actividad, el mecanismo interregional y la formación, pero al 60% de los trabajadores por cuenta propia se les niega el «paro de autónomos» y el Ejecutivo incumple la normativa europea que permitiría al colectivo evitar el pago del IVA con ingresos inferiores a 85.000 euros, que ya se ha aplicado en muchos países europeos y que Hacienda se niega a transponer por su voracidad impositiva.

Y para remate, esta semana el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, se ha descolgado con un nuevo modelo de cotizaciones que ha desatado una ola generalizada de rechazo. No en vano, la propuesta para 2026 parte de los 217,37 euros de cuota mínima para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales y llega hasta un máximo de 796,24 euros para la base máxima, con subidas en las 15 horquillas de rendimientos. Para 2027, el planteamiento del Gobierno arranca en 234,73 euros para el tramo más bajo de rendimientos y termina en 1.002,49 euros para el más elevado, y de cara a 2028, comienza con 252,1 euros y cierra en 1.208,73 euros. Con estas cifras, el Ministerio obligaría a los trabajadores por cuenta propia a abonar 5.741 millones más en cotizaciones durante los próximos tres años, a razón de un alza de la recaudación de más de 1.900 millones anuales –del 12,8% en 2026, el 11,4% en 2027 y el 10,2% en 2028–.

La respuesta negativa desde ATA, la mayor asociación de este colectivo, no se hizo esperar. En un documento que ha hecho llegar a todos los partidos del Congreso, propone una actualización de las bases de cotización de los autónomos conforme al IPC actual hasta 2031, con una «subida lineal y predeterminada de bases», reconocer automáticamente el cese de actividad cuando este sea definitivo, que la Agencia Tributaria informe al autónomo de sus rendimientos computables a efectos de cotización antes de que Tesorería empiece la regularización, que los pluriactivos coticen en el RETA sin posibilidad de exceder la base máxima como en el pluriempleo y que los autónomos familiares y societarios puedan mantener su base de 2022 para que no se les perjudique en su pensión, entre otras reclamaciones. También recuerdan que a los trabajadores por cuenta propia se les sigue cobrando la cuota en caso de enfermedad grave diagnosticada los primeros 60 días y sólo le cubren el 75% de la misma a los padres al cuidado de menores y familiares con enfermedades graves, o se les retiene el 50% de exceso de lo cotizado en ambos regímenes sin que ello, cuando están en bases máximas, suponga un incremento de su protección. Por tanto, es imperiosa la necesidad de una reforma estructural que permita una deducibilidad de gastos justa y objetiva, para evitar que los autónomos sigan sobretributando y sobrecotizando sobre unos ingresos reales que no lo son.

Máxime cuando España es uno de los países europeos con una mayor presión reguladora del colectivo, que produce una distorsión regresiva. Mientras el nuevo sistema de cotización prioriza la cotización real en 15 tramos en función de los ingresos netos anuales, en la mayoría de países de la UE los emprendedores no tienen cuotas fijas y lo que pagan depende de las prestaciones sociales que elijan, lo que convierte a España es uno de los países más costosos, si no el más costoso, para autoemplearse, aunque también tiene algunas contrapartidas adicionales. Por ejemplo, en Francia se paga una cuota basada en su volumen de negocio y la naturaleza de su actividad. Para actividades comerciales, la cuota es del 12% de los ingresos, mientras que para servicios y actividades liberales no reguladas es del 22%; en Italia existen tramos según los ingresos anuales como en España, pero los que ganan menos de 4.800 euros están exentos de cotización; en Alemania, la cuota también varía en función de los ingresos, pero la mínima no pasa del 14%; y en Portugal, las cuotas pueden variar desde apenas 20 euros para aquellos con menos ingresos hasta 1.138 para los que facturan más. El modelo presentado por la Seguridad Social pretende que la cuota mínima tenga una carga efectiva superior al 50% de los ingresos, con lo que queda mutilado el principio de equidad.

El plan de Feijóo para ayudar a los autónomos

En un acto en Soria junto a Mañueco, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Gobierno por «exprimir» a los autónomos y presentó un plan integral que propone eximir del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales y sustituir las declaraciones trimestrales de IVA por una anual, con el objetivo de reducir la burocracia. Planteó además ampliar la figura del autónomo colaborador a no familiares en casos de sucesión, permitiendo una cotización conjunta del autónomo y el aprendiz durante los cinco años previos a la jubilación, para fomentar el relevo. El líder del PP también propuso la creación de un contrato para jóvenes con las ventajas del aprendizaje pero sin la amplia burocracia del contrato de formación.