Indra, Telefónica... ¿debe seguir Sánchez usando capital público para intervenir en la gestión de compañías privadas?

Al ala más izquierdista del Gobierno, el que capitanea Yolanda Díaz, le faltaría tiempo para renacionalizar compañías que considera estratégicas, como las energéticas, si tuviera suficiente capacidad de maniobra para hacerlo. Nunca lo ha ocultado. Pero su contrapeso socialista en el Ejecutivo lo ha impedido una y otra vez. Sin embargo, ello no está siendo óbice para que Pedro Sánchez esté optando cada vez más por utilizar capital público para intervenir en la gestión de compañías privadas. Una dinámica que se ha acelerado de forma significativa en los dos últimos ejercicios con Indra y Telefónica.

En ambos casos, el Gobierno ha justificado su entrada -o refuerzo- en su capital por el carácter estratégico de las compañías. En el caso de Indra, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) destinó 173,56 millones de euros para elevar su posición en la compañía hasta el 28% desde febrero de 2022 previo acuerdo en el Consejo de Ministros para ejecutar la operación.

El Ejecutivo argumentó para dar luz verde a este incremento de su participación en Indra, en la que ostentaba ya un 18,75% de su capital, el «renovado compromiso del Estado» con una compañía que ha asumido «retos de especial trascendencia» para los intereses de España y de sus «aliados más cercanos».

El movimiento en Indra se produjo después de una grave crisis de gobierno en el seno de la compañía que llevó al Ejecutivo y sus aliados en el consejo de administración a limpiar a aquellos consejeros que no estaban alineados con su visión de la empresa y que culminó con la elección de José Vicente de los Mozos como nuevo consejero delegado.

Telefónica

Similares argumentos ha empleado el Gobierno para justificar su futura entrada en Telefónica. El pasado mes de diciembre, Moncloa encargó a la SEPI comprar hasta un 10% de la operadora en respuesta a la intención de la saudí STC Group de hacerse con el 9,9% de su capital. El Ministerio de Hacienda, del que depende esta sociedad pública, aseguró entonces que «con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas».

De alcanzar tal participación, el Estado se convertiría en el primer accionista de Telefónica, si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que no es ese el ánimo que tiene el Ejecutivo. No obstante, si, como se ha sugerido que quiere hacer, la SEPI alcanzase un acuerdo con otros dos de los máximos accionistas españoles de la firma, BBVA (4,83%) y CaixaBank-Criteria (6,03%), lograría una posición de gran influencia en la operadora.

A precio de mercado, el 10% autorizado a la SEPI en Telefónica tendría un valor superior a los 2.100 millones de euros, con lo que el Estado tendría que desembolsar en dos años casi 2.300 millones por esta participación y la de Indra. En el caso de Telefónica, sólo el 51% de Aena -12.500 millones-, el 16,12% que posee en CaixaBank -4.505 millones-, y el 4,1% de Airbus -4.500 millones- valen ahora más en el mercado.

Los expertos aseguran que los intereses de gobiernos y accionistas no son compatibles

Pero aunque el Gobierno considere que tanto Indra como Telefónica son compañías estratégicas y que eso justifica sus inversiones, los analistas no lo ven así. Daniel Lacalle, doctor en Economía y economista jefe de Tressis, asegura que «nunca es bueno que un gobierno tome una participación de control de una empresa porque es para politizarla a costa de los accionistas minoritarios». Lacalle considera que «para defender la independencia estratégica y la españolidad de una empresa están las leyes y la regulación». Aunque la intención de STC Group es llegar al 9,9% de Telefónica, la realidad es que un 5% que ha adquirido a través de productos financieros derivados depende de la autorización del Gobierno al tratarse la compañía de telecomunicaciones de una firma estratégica por mantener importantes contratos relacionados con la defensa nacional.

El también economista Javier Santacruz cree a este respecto que el movimiento del Ejecutivo en Telefónica tiene bastante de «sobreactuación» y, además, de la mala porque, en su opinión, se ha hecho «de manera desordenada (no había ni siquiera contratado un broker para la compra de las acciones), con una entidad como la SEPI que no tiene capacidad financiera autónoma».

De la misma opinión que Lacalle y Santacruz respecto a estas operaciones es Juan Ramón Rallo. «Que un gobierno controle una empresa constituye un importante conflicto de intereses», asegura este economista. En su opinión, mientras que los políticos lo que quieren es mantenerse en el poder, lo que un ciudadano quiere es «un buen servicio a un buen precio». Algo que, añade, está alineado con los deseos de los accionistas dado que ello permitirá a una compañía lograr beneficios con los que luego recibir dividendos.

El PP también ha cargado contra el Gobierno por estas operaciones. Como aseguró su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, tras hacerse pública la operación de Telefónica, lo que está haciendo Sánchez es «una intervención por parte del Gobierno y de ocupación del sector privado». Bravo afirmó que el Gobierno entrará en Telefónica «porque quiere» ya que, retomando el hilo argumental de Rallo y Lacalle, aseguró también que dispone de herramientas para vetar la entrada de Arabia Saudí en su capital si así lo desea.

Abundando en el, a su juicio, sinsentido de que el Estado aumente su posición en compañías privadas, Lacalle asegura que es algo que nadie está haciendo. El Ejecutivo ha defendido en el caso de Telefónica que otros países como Alemania, Francia o Italia tienen posiciones de importantes en sus respectivas «telecos» más importantes, Deutsche Telekom, Orange y Telecom Italia, respectivamente. Sin embargo, el economista asegura que, si las mantienen, es en buena medida «porque no las pueden vender a un precio atractivo». «No es cierto que los estados estén incrementado su participación en las compañías», asegura. El último caso, el de la energética francesa EDF, ha venido propiciado «porque no se podía hacer ninguna ampliación de capital más porque el mercado no lo aceptaba».