El aumento de la litigiosidad en los procesos de contratación pública refleja un alza del fraude y la corrupción, advierten los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En concreto, el número de denuncias en los contratos públicos acumula ya cuatro años consecutivos de incrementos, con un aumento del 18,2% en 2023 (último año analizado) respecto al año previo, hasta 221 denuncias.

Esta es la conclusión a la que llega Gestha en base a los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que analiza cuatro indicadores para intuir un aumento de la corrupción y el fraude en la contratación pública: el aumento de las denuncias en general, las denuncias por irregularidades, por prácticas corruptas y sobre la ejecución del contrato.

En cuanto al primer indicador, se detecta un aumento generalizado de las denuncias. Entre los distintos tipos de contrato, el contrato de servicios es el que más riesgo de fraude y corrupción presenta al acaparar el 64,3% de las denuncias efectuadas. Le siguen los contratos de obras (18,1%), los de suministro (9%)), los de concesión de servicios (6,8%), los de concesión de obras (1,4%) y otros (0,5%).

Según el segundo indicador de la Oficina Independiente, el alto porcentaje del 32,6% de las denuncias o comunicaciones de irregularidades en la adjudicación del contrato (que incluye la tramitación del expediente y la licitación del contrato)" es un signo de que el fraude aumenta al situarse como la principal causa de las denuncias", señala Gestha. En términos absolutos, las denuncias por esta causa han aumentado un 9,1% hasta llegar a las 72 denuncias.

El tercer indicador muestra que el porcentaje de denuncias o comunicaciones de supuestas prácticas corruptas en la contratación (que aglutina el conflicto de interés, el tráfico de influencias y el trato de favor a empresa) se configura como segunda causa de las denuncias con un 19,5% en 2023. En términos absolutos, las denuncias por esta causa se han disparado un 34,4% hasta llegar a las 43 denuncias en 2023.La Oficina independiente agrupa desde 2023 en el epígrafe de Prácticas Corruptas el trato a favor a empresas, el conflicto de interés y el tráfico de influencias por considerar que son tres prácticas intrínsecamente relacionadas con la corrupción.

El cuarto indicador es el porcentaje 18,1% de las denuncias o comunicaciones sobre la ejecución del contrato en 2023, siendo la tercera causa de denuncia en este período. En términos absolutos, las denuncias por esta causa se han disparado por encima del 40% en los últimos dos años hasta llegar a las 40 denuncias.

En cuanto al estado de las denuncias, Gestha señala que menos de una de cada cinco denuncias investigadas tiene consecuencias. Los técnicos de Hacienda reconocen que de las 957 denuncias formuladas en el último sexenio hasta fin de 2023, 217 denuncias se han archivado (un 22,7%) frente a 52 denuncias (un 5,4%) que se han dirigido a la Justicia, Fiscalía o Tribunales de Cuentas; si bien, el 12,9% han concluido con informe a entidad o Recomendación por la Agencia (123), pero destaca que casi la mitad están en trámite (478) debido a la escasez de técnicos de investigación en las Agencias antifraude.

Además de estos indicadores, Gestha valora la actividad de los tribunales administrativos como un indicador adicional de la calidad de la contratación pública, en los cuales algo más de 1 de cada 4 recursos es estimado total o parcialmente. De los 4.615 recursos especiales en materia de contratación, el 43,7% fueron desestimados y el 26,3% fueron estimados total o parcialmente, siguiendo la tendencia desde 2020. La inadmisión y el archivo suman el 30,1% de los recursos, lo que sugiere a la Oficina que puede existir un cierto abuso del recurso especial.

No obstante, Gestha se detiene en los recursos contra los pliegos de una licitación y contra la valoración de los criterios de adjudicación y su motivación porque son los recursos más estimados en los últimos 6 años, rondando el 40% de estimaciones.

Los Técnicos de Hacienda reconocen que el número de recursos y denuncias es muy pequeño en relación con el número de las licitaciones anuales del sector público estatal, autonómico y local, que el pasado año fueron 206.210 expedientes, alcanzando los 113.091 millones, más IVA. Pese a ello, vaticinan un incremento de las denuncias sobre la contratación pública en los próximos años por las medidas de protección del denunciante de infracciones normativas y de la corrupción, contenidas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que incluyen la prohibición de represalias y se prevén medidas de apoyo, de protección frente a represalias y de protección de las personas afectadas.

Así, quienes tomen represalias contra las personas que denuncian, incurrirán en una infracción muy grave que lleva aparejadas multas de hasta 300.000 euros si los infractores son personas o de hasta un millón de euros si los infractores son sociedades y entidades, y se les podría prohibir contratar con el sector público durante un máximo de tres años.