El Gobierno aún estudia las medidas contra la inflación que prorrogará mientras PSOE y Sumar chocan por su alcance

El Gobierno prevé aprobar mañana el decreto ley que prorrogará algunas de las medidas para amortiguar la escalada de precios provocada por la invasión de Ucrania, entre ellas la rebaja del IVA a algunos alimentos durante seis meses más, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la suspensión de los desahucios, según han trasladado fuentes de Sumar. EH Bildu ha anunciado que con ellos se ha pactado la prohibición de los desahucios de personas vulnerables hasta 2025, la prohibición de los cortes de suministros básicos de luz, agua y gas, y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.

El nuevo paquete que se aprobará este miércoles en el último Consejo de Ministros del año será el octavo impulsado por el Ejecutivo para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrana y el incremento de precios, una movilización de recursos que, hasta ahora, asciende a unos 47.000 millones de euros. Desde Sumar también dan por hecha la prórroga de otras medidas como la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la prohibición de despedir a causa de la crisis energética para las empresas que han recibido ayudas directas. Concretamente, el bono social se extendió a aquellos consumidores titulares cuya renta conjunta anual de la unidad de convivencia fuera igual o inferior a 2 veces el IPREM de 14 pagas (16.800 euros) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros). Actualmente el descuento varía entre el 65% y el 80%, dependiendo de la situación de vulnerabilidad de las familias.

Fuentes del Ministerio de Economía han recordado la existencia de la supresión del IVA del 4% para todos los alimentos de primera necesidad y la rebaja al 5% para aceites y pasta. Dentro de los alimentos básicos que ven eliminado el IVA del 4% destacan el pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas panificables; los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos; los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, estas rebajas fiscales han supuesto para las arcas públicas una merma de 1.573 millones de euros enero y noviembre de este año.

Una de las grandes incógnitas es la decisión que tomará el Ejecutivo sobre la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (gratuidad en autobuses y trenes para usuarios habituales). Así, el Gobierno tendrá que decidir si seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%. Cabe recordar que el Ejecutivo incluyó una dotación de 1.440 millones de euros en su plan presupuestario de 2024 para la subvención del transporte público, incluida la gratuidad de trenes y autobuses y las ayudas a las comunidades autónomas para los descuentos en el transporte de competencia autonómica. Pero lo único que ha avanzado Sánchez sobre esta materia es que el transporte público será gratis para menores de edad, jóvenes y desempleados, una medida que se incluirá en este próximo paquete.

Entre lo ya comprometido también está el nuevo umbral para que unas 100.000 familias con rentas de hasta 37.800 euros anuales puedan optar a las medidas de alivio hipotecario , de las que hasta el momento solo se han beneficiado alrededor de 7.000 hogares. Asimismo se mantendrá en 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios de tipo variable a tipo fijo y se incluirán además las conversiones de tipo variable a tipo mixto.

Negociación en curso en el seno del Gobierno

En el Gobierno de coalición aún se negocia la prórroga de otras medidas del llamado "escudo social", como la rebaja de los impuestos que soportan la factura de la electricidad y el gas, o la congelación del precio de la bombona de butano. Así, aún no está claro si las rebajas del tipo de IVA al 5% a la electricidad y el gas, madera y pellets se extenderán más allá del 31 de diciembre, teniendo en cuenta que esta medida tributaria ha tenido entre enero y noviembre un impacto recaudatorio de 728 millones de euros. Asimismo, hasta el 31 de diciembre de 2023 está limitado el precio máximo de la bombona de butano entre 8 y 20 kilogramos a 19,55 euros, aunque este precio máximo se alcanzó por última vez en la revisión del 19 de septiembre de 2022.

Fuentes de Sumar han incidido en que las negociaciones son intensas y que cuestiones como el impuesto a la banca y a las energéticas están suscitando debate en el seno del Gobierno de coalición. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar recoge el mantenimiento de ambos gravámenes, tras los dos años inicialmente previstos, aunque en las últimas semanas desde la parte socialista se ha dado a entender que hay margen para suavizarlos, ya que las circunstancias que dieron lugar a su aprobación se han atenuado.

Final del mecanismo ibérico cuando expire el 31 de diciembre

Una de las medidas que mayor efecto ha tenido en los últimos meses para hacer frente al incremento de precios, principalmente energéticos, es el mecanismo "ibérico", que ha permitido a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural. Sin embargo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha adelantado ya que decaerá el próximo 31 de diciembre, tras señalar que la Comisión Europea considera que no "es posible llevarlo a la práctica".

Fuentes del Ministerio dan por hecho que la medida decaerá cuando expire al finalizar diciembre, tras señalar que España ya contaba con que la prórroga negociada con Bruselas antes de verano fuera la última, teniendo en cuenta que el instrumento lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero. La denominada "excepción ibérica" fue aprobada en junio de 2022 y se extendió hasta finales de 2023 tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea que prolongaba siete meses la medida.

Críticas del PP

El PP denuncia que el Gobierno no le está informando de las medidas anticrisis que se van a aprobar este miércoles y ha solicitado una reunión con la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para acordar una batería de medidas tributarias y energéticas.

El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Martín, han anunciado este martes en rueda de prensa la petición de esta reunión a las puertas de aprobarse un nuevo decreto ley para prorrogar o modificar las ayudas anticrisis. Un texto del que el PP no sabe qué medidas incluirá a pesar de que la semana pasada el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, se entrevistó en el Congreso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es una petición de reunión, parece lógico. Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el Gobierno", ha explicado Bravo. No obstante, tanto Bravo como Martín han instado al Gobierno a que dentro de ese nuevo decreto se prorroguen la rebaja del IVA en la factura de luz y gas, la prohibición de cortes de suministros en hogares vulnerables, la prórroga de la tarifa de último recurso, que se mantenga sin IVA los alimentos básicos y que esta medida se extienda a las carnes, los pescados y las conservas.

En lo que respecta a autónomos, han pedido que se incluya en el decreto anticrisis una reducción de los pagos fraccionados y las retenciones. Pero también ha insistido el PP en la deflactación del IRPF para que la clase trabajadora pueda ver compensada su subida de sueldo sin que le afecte la inflación. En materia de desempleo, Bravo ha alertado quequitando el "artificio" de los contratos fijos-discontinuos, España tiene aproximadamente 3,3 millones de personas desempleadas, y ha denunciado las menores previsiones de PIB para el año que viene y la alta tasa de pobreza infantil.

Paloma Martín, por su parte, ha criticado una política energética "equivocada" llevada a cabo por el departamento de Teresa Ribera, entre otros motivos porque se ha "disparado" la pobreza energética, con más de tres millones de hogares en esta situación, y porque España es el país de la Unión Europea que más gas ruso ha comprado en 2023. Ha denunciado que la política energética del Gobierno ha sido "carente" en medidas estructurales y ha supuesto momentos con unas facturas de electricidad "elevadísimas". Pero también por la incertidumbre sobre qué va a hacer el Gobierno con las ayudas fiscales en la factura de la luz y el gas.