Advertencia

El Gobierno carga a los propietarios el coste económico de la política pública de vivienda

Fedea critica que la norma expropie de forma forzosa y no compensada parte del valor económico de propiedades privadas para financiar actuaciones que son políticas sociales

La Ley de Vivienda, ha sido acordada este pasado viernes 14 de abril por el Gobierno, ERC y Bildu.
La Ley de Vivienda, ha sido acordada este pasado viernes 14 de abril por el Gobierno, ERC y Bildu. Alberto R. Roldán La Razón

El control de alquileres en las áreas tensionadas, el nuevo índice de revalorización de las rentas que creará el Instituto Nacional de Estadística (INE) por debajo del IPC, la imposición de prórrogas forzosas tras la expiración de contratos y las mayores dificultades para ejecutar desahucios que incluye la Ley de Vivienda que fue aprobada ayer definitivamente en el Senado son herramientas que trasladan a los bolsillos de los propietarios el coste de políticas sociales de vivienda que deberían asumir las arcas públicas. Así lo cree el centro de análisis Fedea, que en un estudio que acaba de publicar sobre la norma, "Notas sobre el proyecto de ley de vivienda", advierte también, en el mismo sentido que los economistas y el sector inmobiliario, de que estos instrumentos, incluidos con el "loable objetivo de proteger a los demandantes de vivienda, tendrán con toda seguridad efectos adversos sobre la oferta de vivienda en alquiler, agravando por tanto los problemas que en principio se busca resolver e incumpliendo de paso el propio mandato de la ley de fomentar la oferta".

En su análisis sobre la ley, que considera un intento "fallido" por avanzar hacia un "derecho efectivo" a la vivienda, el autor del documento, Ángel de la Fuente, advierte de que contempla "una serie de instrumentos que, en última instancia, permiten la expropiación forzosa y no compensada de parte del valor económico de propiedades privadas para financiar actuaciones que se consideran políticas sociales". De la Fuente añade que "ésta no parece la forma más lógica de financiar una política pública". En su opinión, si se decide que determinados colectivos necesitan ayudas para acceder a una vivienda, "el coste de tales ayudas debería repartirse entre todos de una forma equitativa a través del sistema impositivo". Por tanto, añade, "las administraciones deberían hacerse cargo en primera instancia de los costes relevantes y repercutirlos después al conjunto de la sociedad a través de los impuestos generales que financian su actividad. Lo que no tiene sentido es cargárselos, en todo o en parte, a terceros privados que pasaban por allí", advierte. Hacerlo así "no sólo asegura un reparto injusto de los costes de estas políticas, sino que también se los oculta a la mayoría de la sociedad, dificultando la rendición de cuentas de los gobiernos y su evaluación por los ciudadanos", advierte la nota.

En su análisis sobre los efectos que la aplicación de estas herramientas tendrán en el mercado del alquiler, Fedea concluye que, en conjunto, "rebajan la rentabilidad de la inversión en vivienda destinada al alquiler o incrementan su riesgo percibido, reduciendo por tanto su oferta inmediata y futura mediante la retirada de inmuebles del mercado y una menor inversión para incorporar otros nuevos".

El informe añade que las restricciones o penalizaciones, además, son generalmente mayores en el caso de los llamados “grandes tenedores” (los propietarios de más de diez viviendas, aunque su número se puede rebajar a cinco si se concentran en un área tensionada), lo que, según el centro de análisis, "tiende a desincentivar la entrada de empresas y alquiladores profesionales en un mercado que se beneficiaría mucho de una mayor profesionalización". En cualquier caso, concluye, "todas estas medidas tenderán a limitar la oferta, aumentando aún más los alquileres o incrementando el exceso de demanda si estos se limitan. En este último caso, los beneficiados serán los inquilinos ya existentes a expensas de los propietarios (que no siempre son más ricos) y de los aspirantes a inquilinos, que en parte se verán excluidos del mercado", concluye.

En lo que se refiere al índice de precios de referencia encomendado al INE para sustituir al IPC para revalorizar los alquileres, el documento advierte de que, además de haber sido encomendado en términos "poco claros", el hecho de que tenga que estar por debajo del índice de precios complicaría enormemente la tarea del instituto. "No valdría, en particular, con un índice de precios en el sentido habitual, pues uno diseñado para recoger los precios reales seguramente incumpliría la exigencia de mantenerse por debajo del IPC, especialmente en las “zonas tensionadas”, y por otra parte, la propia imposición de controles de precios privaría de todo sentido al índice en las zonas afectadas, pues este ya no reflejaría la realidad del mercado sino la propia regulación que en principio debería orientar".