El Gobierno diseña un concurso "antifondos" para la gestión de las 40.000 casas que la empresa pública de vivienda recibirá de la Sareb

El Gobierno persevera en su cruzada contra la presencia de los fondos de inversión en el sector inmobiliario. El Ministerio de Vivienda ha diseñado un pliego de condiciones para adjudicar la gestión de las 40.000 viviendas que la Sareb traspasó al Sepes el pasado mes de julio que limita, por no decir que prácticamente anula, las opciones de que los fondos se puedan presentar al concurso, tanto por las exigencias operativas como económicas que impone.

Según recogen los pliegos, el futuro gestor de estas viviendas deberá tener experiencia obligatoria en vivienda social, teniendo que demostrar una trayectoria social real por lo menos durante un año de los últimos tres.

Además, incluye también fuertes penalizaciones por servicio en aspectos como tiempos de respuesta, incidencias, calidad... Todo estará vigilado y será sancionable. Así, se aplicarán penalizaciones cuando los niveles del servicio incumplan los plazos fijados por la Entidad Estatal de Vivienda para la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas; y se bonifican altos niveles de calidad, como por ejemplo la alta puntuación en la encuesta de satisfacción que se lanzará anualmente a las personas inquilinas.

El concurso da además prioridad a las entidades sociales, ONG o empresas de lucro limitado e impone la obligación de gestionar el riesgo habitacional. Es decir, la detección y acompañamiento a inquilinos vulnerables, algo que, según apuntan desde el sector inmobiliario, es "costoso y poco escalable".

Desde el punto de vista económico, las mismas fuentes añaden que el modelo cuenta con "márgenes muy ajustados, con poco retorno para estructuras financieras tradicionales".

Como aseguran las mismas fuentes, "el diseño del concurso deja a los fondos fuera por simple incompatibilidad estratégica". "Esto no es un marco de inversión: es un marco de intervención social".

Los consultados aseguran que "cualquier fondo con una mínima disciplina de inversión descartaría este pliego antes de terminar la primera lectura. No por ideología, sino por pura lógica empresarial".

Para el sector, y con el diseño por el que ha optado el Ministerio de Vivienda, el gran reto es asegurar que los operadores que sí encajan en esta arquitectura tengan verdaderos recursos, capacidad técnica y escala para gestionar 40.000 viviendas con continuidad y calidad. "Cuando el diseño deja fuera a los fondos, también reduce y mucho el número de actores capaces de sostener el proyecto sin que se resquebraje por el camino", advierten.

Reforma legal para impedir que compren

En el marco de la ofensiva contra los fondos de inversión de la coalición de Gobierno, el Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo martes, 25 de noviembre, una proposición de ley de Sumar que reforma la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.

El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, es quien ha auspiciado esta propuesta legislativa con el objetivo de "poner freno" a la especulación en el mercado de la vivienda que, según esta formación, hacen especialmente "Socimis y fondos buitres". Ibáñez esgrime que todo el grupo plurinacional de Sumar considera "prioritario" y "urgente" presentar medidas que acaben con la especulación y acaparamiento de vivienda "en unas pocas manos".

La propuesta de los socios del PSOE en el Gobierno argumenta que el derecho de disfrute de la vivienda se predica de las personas físicas, que son las que pueden usar y disfrutar la experiencia de habitar una vivienda con todo lo que ello implica. En este sentido, el grupo parlamentario apostilla que la propiedad de las viviendas o inmuebles residenciales en manos de personas jurídicas no responden al derecho de uso y disfrute de la experiencia vital, sino a la concepción de la vivienda como bien de inversión para obtener beneficios económicos.

Por ello, Sumar defiende una reforma de la Ley de Vivienda para evitar la "especulación" en el ámbito inmobiliario y limitar el derecho de transmisión de propiedad tanto a título oneroso como gratuito de viviendas a las personas físicas, reservando a las jurídicas el derecho de propiedad de aquellos inmuebles que no tengan carácter residencial sino afección a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario.

"Esta propuesta lo que busca es poner freno a la especulación y es una propuesta sencilla, con encaje constitucional, con encaje en el derecho europeo", aseguró Ibáñez cuando presentó la iniciativa en abril de este año. Asimismo, el diputado se mostraba confiado en que la propuesta cuente con "mayoría parlamentaria" suficiente para admitirla a trámite, pues la calificó de "conservadora".