Junts fuerza a Sánchez a reformar la Ley de Sociedades para obligar a las empresas que salieron por el procés a volver Cataluña

La Ley de Sociedades de Capital será reformada por "orden" de Junts para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que se marcharon por el 'procés'. Este es uno de los acuerdos a los que la formación que preside el huido expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha obligado a Pedro Sánchez a firmar para sacar adelante el último decreto omnibus. Un pacto sobre el que la formación independentista no ha descartado oficialmente que haya retirado la amenaza de multar a las empresas que decidieron cambiar sus sede social fuera de Cataluña por el 'procés'.

Lo que sí se contempla, según confirmaron fuentes de Junts, es que el Gobierno se ha comprometido a aprobar que las empresas que hayan tenido su sede social en Cataluña y mantengan su actividad económica principal en la región, "estén obligadas a situar su sede social en Cataluña".

Aunque tanto el Gobierno como Junts confirman que sólo han firmado una "base de mínimos sobre la que trabajar", la intención de ambas partes es modificar los artículos 9 y 10 la ley societaria, los que regulan los preceptos sobre los domicilios sociales para obligar a las compañías a volver forzadas por esta reforma legal. Según consta en ellos, "las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación", además de que "en caso de discordancia entre el domicilio registral y el que correspondería (bajo el precepto anterior), los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos".

El decreto ley que pretende derogar Junts fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en octubre de 2017 para permitir que las compañías que lo desearan pudieran trasladar su domicilio social con una decisión directa tomada por el Consejo de Administración a margen de la Junta de Accionistas. Un mínimo cambio legislativo, pero que permitía salvar una salida rápida de las empresas sin provocar problemas legales, fiscales o perjuicios económicos. Gracias a este decreto, compañías como Grupo Planeta, Caixabank, Banco Sabadell, Naturgy, Cellnex, Abertis, Agbar, Axa, Bimbo o Catalana Occidente, junto a casi otras 9.000 empresas decidieron trasladarse a otras comunidades.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha enfriado en parte la satisfacción mostrada por Junts tras aseverar que sancionar a empresas por no volver a Cataluña es "imposible", y sólo ha admitido que lo que se busca con este acuerdo es que no haya "ingeniería fiscal" para que las empresas paguen impuestos donde estén domiciliadas. Alegría sí ha confirmado que el pacto se limita a facilitar el regreso a las que quieran hacerlo porque "en España hay libertad de mercado y cada empresa puede decidir dónde se instala, faltaría más", ha expresado en Antena 3. También ha asegurado que el acuerdo no incluye "nada que tenga que ver con ningún tipo de sanción, porque reitero que es imposible".

Al respecto, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha limitado a explicar que el Gobierno estudia un modelo de incentivos, que sea "positivo y sin coacciones" para que las empresas que se fueron de Cataluña durante el 'procés' puedan regresar.

Fuentes empresariales han confirmado a LA RAZÓN que las empresas privadas son libres para tomar las decisiones societarias que correspondan según su criterio y que, "si hiciera falta", acudirán a los tribunales para evitar que se les obligue a retornar a Cataluña por esta vía si no lo consideran necesario.