La Defensora del Pueblo pide eliminar los incentivos a las ETT por denunciar el fraude laboral

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a la Secretaría de Estado de Empleo que suprima los incentivos económicos por denuncia de fraudes laborales que ofrece el Servicio Público de Empleo a las empresas de trabajo temporal (ETT).

Según ha informado hoy la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet), esta petición de Becerril se produce a instancias de una denuncia suya y después de que la institución haya recabado la información necesaria del Ministerio de Empleo.

La queja de Andet se refiere al incentivo económico por denuncia de fraude laboral contenido en el Acuerdo Marco de colaboración entre el Servicio de Empleo Público Estatal con agencias de colocación de carácter privado.

Ese acuerdo fija un incentivo para la ETT de hasta el 15 % del pago por inserción de la persona encomendada, que se hará efectivo aunque no se consiga la inserción, "siempre y cuando, a consecuencia de la información"que la agencia obtenga durante la prestación del servicio y proporcione a los servicios públicos de empleo, "se inicie un procedimiento que concluya con la imposición al desempleado de alguna sanción".

Para la Defensora del Pueblo ese incentivo establece una "retribución indebida por cuanto retribuye una acción que no contribuye intermediación laboral", además de que entiende que "pervierte"el sentido de la norma al convertir en objetivo susceptible de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible"a la ETT, "de obligado cumplimiento en el desarrollo de su actividad".

Recomienda por ello a la Secretaría de Empleo que modifique la cláusula del acuerdo marco y que suprima ese incentivo por resolución de irregularidades.

En su denuncia, Andet señala que dicha cláusula resulta "absolutamente contrario"al ordenamiento jurídico español y "más cercana a acuerdos en forma de recompensa que no son propios de un Estado de Derecho, convirtiendo a las agencias de colocación de carácter privado en caza recompensas al margen del control de la legalidad vigente".