Más de dos millones de personas en nuestro país se encuentran lamentablemente en la cola del paro, siendo para muchas de ellas, misión imposible reincorporarse al mercado laboral donde encuentran todas las puertas cerradas. No obstante, aunque muchos desempleados no sean capaces de encontrar un trabajo, el paro -también conocido como prestación contributiva por desempleo- no dura para siempre.

Esta prestación "protege la situación de desempleo de quienes pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo de forma temporal o definitiva o vean reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo entre un mínimo de un 10% y un 70%", tal y como explican desde la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La duración máxima de la prestación por desempleo contributiva es de 24 meses (720 días). El tiempo que puede cobrarse depende de las cotizaciones acumuladas durante los seis años anteriores al despido: se necesitan 360 días cotizados para tener derecho al mínimo de 120 días de paro y, a partir de ahí, la duración aumenta por tramos hasta alcanzar el máximo de dos años con 2.160 días cotizados.

Cuando esta prestación llega a su fin, los desempleados pasarán a cobrar un subsidio de desempleo por agotamiento de la prestación contributiva. Pero, de nuevo, esta ayuda económica no será para siempre. La duración de la protección será de hasta 30 meses en función de las circunstancias personales de cada persona, como la edad, hijos a cargo o duración de la prestación anterior.

Sin embargo, puede ocurrir que tras todo este tiempo, la persona en paro continúe sin conseguir un empleo. Por tanto, cuando estén a punto de agotar esta ayuda, podrán mantener ingresos, ya que pasarán a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de manera automática sin necesidad de que inicien un nuevo trámite. "Los beneficiarios ya no tendrán que solicitar el IMV ni aportar documentación alguna", aseguran desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El organismo encargado del desempleo -SEPE-, durante los tres meses previos a que el subsidio se agote, informará al beneficiario y le pedirá su consentimiento para trasladar sus datos a Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si lo autoriza, el SEPE remitirá toda la información necesaria en un plazo máximo de diez días después de finalizar la prestación. Por tanto, esta gestionará directamente el comienzo del cobro del IMV si se cumplen los requisitos de renta, patrimonio y composición del hogar. El objetivo de la medida es evitar que quienes pierden su prestación por desempleo queden desamparados mientras esperan volver a trabajar.