¿Y por qué no un fondo soberano español?

Una operación tan inesperada como de calado puso patas arriba el panorama empresarial español la semana pasada. En un movimiento orquestado con el mayor los sigilos, la operadora Saudi Telecom (STC) se hizo, a través del banco de inversión Morgan Stanley, con el 9,9% de la principal compañía de telecomunicaciones nacional, Telefónica. STC, líder del sector en Oriente Medio, ha desembolsado 2.100 millones por esta participación, que todavía debe recibir el visto bueno del Gobierno. Una cantidad respetable pero, a la vez, modesta si se poco el foco sobre el principal accionista de STC: el fondo soberano saudí (PIF), que gestiona activos en todo el mundo valorados en 555.000 millones de euros.

Estos vehículos de inversión se han lanzado en los últimos años a adquirir participaciones de compañías españolas como IAG, Iberdrola o Cellnex para enriquecer las cuentas públicas de aquellos países que los han levantado. Noruega, Qatar, Francia, Australia, China o Singapur son algunos de los que disponen de un instrumento administrado por sus respectivos Estados para invertir y gestionar sus recursos para fines estratégicos y a largo plazo. En la lista, sin embargo, no figura España. ¿Sería posible que se uniera a este selecto club? La respuesta, según los expertos, es que sería más deseable que factible.

Recursos naturales

Los fondos más reconocidos a nivel global se han nutrido efectivamente de recursos naturales, principalmente derivados del gas y petróleo, como recuerda Cristina Noguera, profesora de la escuela de negocios EAE Business School. No obstante, «esto no es óbice para que un fondo soberano pueda nutrirse de grandes operaciones comerciales o de carácter financiero o de grandes operaciones bursátiles e incluso de otra naturaleza», añade. Ejemplos de ello hay. El fondo soberano australiano, el Future Fund (FF), por ejemplo, fue creado por el Gobierno de este país con unos 35.000 millones de euros procedentes de ciertos excedentes presupuestarios y los ingresos de la privatización de la empresa de telecomunicaciones Telstra. Ahora, sus activos bajo gestión rondan los 100.000 millones. Francia también dispone de un fondo propio, CDC, que gestiona cerca de 1,3 billones de euros, si bien tiene un recorrido muy largo, pues se fundó en 1816.

Lo que sucede en el caso español, como explica Noguera, es que las cuentas públicas nacionales están para pocas alegrías en el corto y el medio plazo. «España cuenta con una balanza de pagos bastante poco saneada y con unos niveles de deuda pública bastante inasumibles que superan el 100% del PIB. Con esos parámetros, es difícil el planteamiento de ningún fondo soberano en la actualidad», sintetiza.

No hay superávit

Coincide en los argumentos de la profesora del EAE el doctor en Economía Juan Ramón Rallo.«No es en absoluto viable. No tenemos superávit presupuestario», dice. A falta de excedentes presupuestarios como los empleados por Australia, Rallo tampoco considera que tenga sentido endeudarse para levantar un instrumento de esta naturaleza a pesar de que, como explica Noguera, podría ser «una alternativa muy válida y viable para contribuir a la generación de recursos adicionales para el pago de las pensiones futuras, que ya nadie pone en duda, están más que en riesgo».

Igual de tajante que Rallo se muestra Daniel Lacalle, Doctor también en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas y gestor de fondos de inversión. En su opinión, se trata de una opción «inviable» además de una mala idea si se tiene que financiar con deuda, una rémora de la que Lacalle viene advirtiendo desde hace tiempo porque puede hacer tambalearse a toda la economía española si no se toman medidas para reducir su histórico nivel, que supera ya los 1,5 billones de euros.

El economista Javier Santacruz también coincide en que la clave para poder levantar un fondo de este tipo está en tener superávit presupuestario porque, «si no, estarían quitando el dinero de un lado para ponerlo en otro».

Pero además de las dificultades que tendría España para encontrar recursos con los que alimentar el fondo, algunos de los economistas consultados advierten también de que la clase política española ha dado pocos motivos para confiar en que un vehículo de estas características sería gestionado de forma adecuada. Noguera asegura que, además de faltar los ingredientes principales, como el saneamiento de la balanza y el aún mayor saneamiento de la deuda pública; también falta «el principal y más básico, pero a la vez, más complicado de todos los ingredientes, que es un cambio radical de mentalidad y giro cultural de nuestros mandatarios nacionales». Lacalle no quiere ni oír hablar de una herramienta que pudiera ser gestionada por políticos y que le trae a la memoria los peores momentos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta compañía es a través de la que Estado participa en algunas compañías, aunque no siempre se guía por criterios de rentabilidad económica como hacen los fondos soberanos. Ahora mismo, posee participaciones en empresas como Enagás (5%), Hispasat (7,41%), Airbus (4,12%), Redeia (20%) o Indra (27,99%). Además, controla al 100% otras como Navantia.

Lo más parecido que tuvo España a un fondo soberano fue el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Creado a principios de siglo, se alimentaba de los superávits que generaba la Seguridad Social para garantizar, teóricamente, la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Sus arcas llegaron a tener hasta 66.000 millones de euros. Sin embargo, con la crisis y las posteriores subidas de las pensiones, prácticamente se evaporó. Hasta el punto de que cerró 2022 con 2.859 millones, que el Ministerio de Seguridad Social espera que aumente hasta los 5.347 millones cuando cierre este ejercicio gracias a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y a los excedentes de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, después de dotar la reserva de estabilización de contingencias profesionales.

La conocida como «hucha de las pensiones» puede invertir en deuda pública del Estado alemán, francés y de Países Bajos y en activos emitidos por el ICO (Instituto de Crédito Oficial). También en deuda española. De hecho, como recuerda Santacruz, durante los años más duros de la crisis financiera, salvo algunas subastas el Tesoro español.

Ahora, el Gobierno ha promovido también fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) que, dirigidos sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, podrían a la larga constituirse en una nueva especie de fondos soberanos también para garantizar las pensiones, si bien las aportaciones y la gestión de estos vehículos serán privados, como explica Santacruz.