Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?

Las elevadas tasas de paro juvenil, cercanas al 30%, el peor de la UE, plantea diferentes retos en términos de desarrollo socioeconómico de nuestra economía pues los jóvenes representan una parte fundamental de la fuerza laboral y, su prolongado desempleo junto a la precariedad laboral, no solo tiene implicaciones económicas inmediatas, sino que conlleva efectos a largo plazo en la estructura demográfica, la cohesión y el bienestar social, la desconfianza en las instituciones y la estructura económica de nuestro país, sin olvidar la fuerte dependencia de nuestro sistema de pensiones de una robusta base de jóvenes cotizantes.

Todo ello tiene un impacto progresivo en el aumento del gasto público. Muchos jóvenes se encuentran ante la encrucijada de marcharse a otro país donde labrarse un futuro profesional, alejados de la familia y amigos, decisión que toman 35.000 personas cada mes, o bien quedarse, como suele ser el caso de la mayoría. De ellos, hay un creciente interés en buscar seguridad laboral y estabilidad financiera, por lo que dos de cada diez, se lanzan a opositar para ser funcionario, pues el empleo público no se ve afectado por el ciclo económico, además de su atractivo en cuanto a horarios, estabilidad, jornada laboral, mayor salario, vacaciones y días de asuntos propios.

El gasto en empleo público en España se sitúa alrededor del 11,3% del PIB, superior a la media de la UE, lo que representa unos 165.000 millones de euros anuales que deben ser financiados con los impuestos. Se trata de una partida que crece cada año y que muchos se preguntan si no debería estabilizarse al tratarse de un gasto estructural. Los datos del INE indican que en 2023 había 3,593 millones de ocupados del sector público representando el 17% de la población activa.

Analizando los últimos 15 años, el número de empleados públicos ha crecido un 19,5% frente al sector privado con sólo un 4,2%. Teniendo en cuenta la población española a la que sirven, hemos pasado de un empleado público por cada 16 ciudadanos en 2015 a 13 en la actualidad. Algo contradictorio, teniendo en cuenta la elevada digitalización del sector público por la que numerosos trámites se hacen online, desde casa o las dificultades para obtener una cita para un trámite.

Si se analizan los salarios, los datos del INE hasta 2021 muestran que la ganancia media por trabajador en las AA.PP. creció un 26,3% desde 2008 hasta el último año disponible 2021, mientras que en el conjunto de los trabajadores sólo lo hizo un 18,4%. Si añadimos el impacto de la inflación acumulada, los datos en 2023 mostrarán un diferencial mayor, pues muchos empleados del sector privado no van a tener subida salarial en 2024 ni han recuperado la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. La cuestión es si el aumento del empleo público se ajusta a una necesidad real o bien es un mecanismo político para engordar la maquinaria del Estado, maquillar las cifras de empleo y paro o bien sirve a intereses electorales.

Y cuando se juntan el hambre con las ganas de comer, el aumento del empleo público puede conducir a un crecimiento desproporcionado del sector público frente al privado, lo que conlleva mayor presión fiscal, si es que cabe, para los contribuyentes, además del impacto en la eficiencia y la innovación de los servicios públicos.

El elevado paro juvenil afecta negativamente a nuestra baja productividad, eficiencia y crecimiento económico. Por un lado, las políticas que favorecen más el crecimiento del sector público generan un efecto expulsión del sector privado debido a que debe competir por los recursos humanos, desplaza la inversión privada en sectores clave y distorsiona el mercado de trabajo pudiendo generar escasez de trabajadores cualificados en determinadas regiones o industrias, lo que dificulta la contratación y puede afectar negativamente a la productividad y competitividad del sector privado.

Por el otro, la fuga de cerebros puede privar a los países de recursos humanos clave y dificultar la capacidad de innovación y crecimiento económico. Además, puede contribuir a la disminución de la población joven en edad laboral, lo que a su vez puede tener implicaciones para la sostenibilidad de la Seguridad Social y el crecimiento económico futuro. Y tú, ¿Qué quieres ser de mayor?