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Sánchez derogará la prevalencia del convenio de empresa

El presidente reúne a empresarios y sindicatos para sondear «modificaciones» que mejoren la ley y apremiar a las partes para que cierren el alza salarial.

  • Sánchez se ha reunido hoy por vez primera en Moncloa con los agentes sociales / Efe
    Sánchez se ha reunido hoy por vez primera en Moncloa con los agentes sociales / Efe

Tiempo de lectura 4 min.

13 de junio de 2018. 23:52h

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H. Montero Madrid. 12/6/2018

Hay acuerdos. La reunión entre los agentes sociales y el nuevo Gobierno dejó claras dos cosas, para ser concretos. La primera, que el pacto entre empresarios y representantes sindicales para subir los salarios está «casi cerrado», tanto como para que se hayan suspendido –que no desconvocado– las concentraciones previstas por CC OO y UGT frente a las sedes de las patronales previstas para el próximo 16 de junio. ¿Por qué no se han desconvocado? Porque, como recordó el presidente de la CEOE, Juan Rosell, al término de la reunión, «el año pasado también estaba casi cerrado» y no se rubricó.

El segundo acuerdo es que ninguna de las partes que forman la negociación tripartita tiene la intención de lanzarse una tumbar la reforma laboral que ha logrado recuperar más del 80% del empleo destruido durante la crisis, a razón de 600.000 empleos creados el pasado ejercicio. Más o menos precarios, según la demanda del mercado y la formación de los trabajadores, pero empleos al fin, una bendición para quienes han logrado cotizar y cobrar una nómina.

Y es que, al margen de retóricas, las cifras no mienten. El sistema registró en 2017 un aumento medio de 611.146 nuevos cotizantes, el mayor al margen de 2005, año de la regularización masiva de inmigrantes de José Luis Rodríguez Zapatero. El pasado año fue el cuarto ejercicio consecutivo de creación de empleo tras 2014 (417.574), 2015 (533.186) y 2016 (540.655). Y aunque la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, defiende que la reforma laboral no ha logrado aumentar los ingresos de la Seguridad Social –algo evidente, tras los severos ajustes salariales neesarios para evitar el rescate de la economía española, ganando competitividad y fomentando la contratación y la creación de empleo con bonificaciones, exenciones y tarifas planas– tanto el Gobierno como los sindicatos saben que no se puede volver a la casilla de salida. A 2009, antes de la reforma laboral exprés de Zapatero y de la que aprobó Mariano Rajoy en 2012.

En la primera reunión tripartita que mantienen los agentes sociales con el nuevo Ejecutivo, las dos principales organizaciones sindicales evitaron exigir al Gobierno que tumbe la reforma y pidieron «modificarla». «Pedimos al Gobierno que busque los apoyos necesarios para derogar aspectos troncales de la reforma laboral que tienen que ver, entre otros aspectos, con la prevalencia de los convenios de empresa o la ultractividad», avanzó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, quien desveló que, ante el grueso de las demandas, «el Gobierno ha estado reservón».

Los líderes sindicales remarcaron que en ningún caso pretenden volver a la legislación previa a las dos últimas reformas. «No se trata de derogar para volver a 2009, cuando había una temporalidad del 33%, sino de una derogación por elevación», explicó Sordo. En cualquier caso, los sindicatos pidieron una modificación «pactada» con los empresarios. Tanto el líder de UGT, Pepe Álvarez, como Sordo coincidieron en que, pese a que las modificaciones se pueden comenzar a realizar desde la negociación colectiva, hará falta derogar algunos aspectos de la reforma.

A este respecto, los representantes de los empresarios no se cerraron en banda a la posibilidad de realizar esas modificaciones. El presidente de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi, pidieron, eso sí, profundizar sobre qué aspectos se quiere tocar la reforma. «Se habla de derogar, pero la vida real es otra. Hay 7.000 normas laborales. Estamos a favor de una evolución y nos tenemos que adaptar a lo que nos venga. Cuando nos reunamos con la ministra veremos qué se quiere cambiar y qué proponemos nosotros. Se trata de mejorar, más que derogar», puntualizó Garamendi.

Gobernar por decreto

En este sentido, la ministra Valerio destacó la «magnífica disposición» de los agentes sociales y negó la mayor: que el Gobierno esté «reservón». «Más que reservones o que hayamos cambiado de criterio lo que ocurre es que cuando se llega al Gobierno se es más pragmático. Tenemos los pies en el suelo. No tenemos mayoría y no podemos gobernar por decreto. Podemos empezar a trabajar en un nuevo estatuto de los trabajadores de forma consensuada con vistas a 2020. Y también tenemos que ver en qué puntos podemos llegar a un consenso con los agentes sociales. Por ejemplo, sobre la prevalencia de los convenios sectoriales, la ultractividad o medidas contra la temporalidad», dijo.

Sobre la subida salarial, las partes informaron de que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días, aunque no de forma «inminente». El acuerdo de subida contempla un alza del 2% más un 1% variable en función de la productividad.

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