El sector promotor y el de la construcción siempre han defendido que la construcción industrializada necesita estímulos públicos para despegar. Por eso, consideran que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es una oportunidad única para impulsarlo. Y así se lo han puesto de manifiesto al Gobierno.

Hace un par de semanas, el Ministerio de Vivienda reunió a varios actores de esta industria para presentarles el plan, que estará dotado, si las negociaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas cuajan, con 7.000 millones de euros.

En el encuentro, el sector volvió a poner de manifiesto la necesidad de que la construcción industrializada cuente con recursos públicos y reclamaron a este respecto que el plan fije un umbral de viviendas para fines sociales que se puedan promover a través de sistemas industrializados, según explican fuentes presentes en este encuentro.

Como detallan, «de la noche a la mañana nadie se va a volcar en la construcción industrializada porque sí». Se trata, añaden, de un sector que requiere de una fuerte inversión inicial para la construcción de fábricas. Por eso, añaden, «es necesario fijar un objetivo de cuántas viviendas y en cuánto tiempo se harían de modo industrializado» para incentivar el crecimiento del sector.

Se trata, resumen, de establecer unas condiciones atractivas para hacer este modelo de construcción atractivo para el sector.

Ayuda para el problema de la vivienda

La construcción industrializada está desde hace tiempo sobre la mesa como una de las posibles opciones para incrementar el ritmo de producción de viviendas en España, ahora muy inferior a las necesidades de la demanda. Y aunque ofrece ventajes como una posible reducción tanto de precios como de plazos de entrega, se enfrenta también a varios desafíos para coger volumen.

Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid destaca entre ellos la insuficiente oferta de materiales, el desconocimiento de las administraciones o los problemas para su financiación.

El Clúster de la Edificación y Analistas Financieros Internacionales (AFI) presentaron la primavera pasada un plan para que las instituciones públicas apoyen con hasta 4.600 millones de euros ese despegue.

Por el momento, el Gobierno ha respondido con el lanzamiento de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) dotado con 1.300 millones de euros para los próximos diez años y cuyo objetivo es alcanzar una producción de 20.000 viviendas de modo industrializado en 2035.