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SEPI: el brazo ejecutor de las políticas empresariales de Sánchez que suma 1.192 millones de euros en pérdidas desde que gobierna
La sociedad pública, que controla 14 empresas y participa en otras diez, ha disparado los números rojos frente a los 66 millones que sumó durante el último Ejecutivo del PP

Tal y como se define textualmente a sí misma en su página web, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es "un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector empresarial". Y si a los resultados económicos se ciñe estrictamente cualquier análisis, cabe inferir que las políticas aplicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en lo que a gestión empresarial se refiere no han sido nada exitosas.
Desde 2018, año en el que Sánchez accedió a La Moncloa tras la moción de censura que acabó con la presidencia de Mariano Rajoy, la SEPI acumula pérdidas por valor de 1.192 millones de euros, a una media de 178 millones anuales. Una suma mucho más abultada de las que sumó la sociedad entre los años 2011 y 2017, en la última etapa de gobierno del PP, cuando registró unos números rojos de 66 millones, 18 veces menos que suponen una pérdida media anual de 9,4 millones de euros.
La SEPI tiene el control de 14 compañías: Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa, Grupo Hunosa, Enusa, Ensa, la Agencia Efe, Sepides, Mayasa, Cetarsa, Hipódromo de la Zarzuela, Saeca y Cofivacasa.
Además, la sociedad que preside Belén Gualda tiene participaciones minoritarias en Ebro Foods (10,36%), Enagás (5%), Airbus (4,12%), Enresa (20%), Hispasat (7,41%), IAG (2,52%), Indra (27,99%), Redeia (20%), Telefónica (10%) y Epicon (40%).
El pasado ejercicio, la compañía sumó las pérdidas más cuantiosas de los últimos años, 501 millones de euros, superando los 438 millones que sumó en 2020, año de la pandemia; . La sociedad achacó tales números rojos al "impacto de los planes estratégicos desplegados por varias compañías del holding", destacando en este aspecto el del Grupo Correos.
La compañía postal registró unas pérdidas ordinarias de 94 millones en 2024 y provisionó 428 millones para su plan de rejuvenecimiento de la plantilla, basado en un esquema de salidas voluntarias. En total, sumó pérdidas por 522 millones de euros.
El Ejecutivo socialista no ha sido capaz, de momento, de voltear la delicada situación de la compañía. Correos arrastra un agujero contable de 1.200 millones de euros, lo que motivó que la SEPI, la empresa y los sindicatos firmaran en julio de 2024 un acuerdo marco en el que se establecieron las líneas estratégicas para la recuperación, reposicionamiento y transformación de la empresa pública.
El acuerdo incluyó una inyección cercana a los 3.900 millones para la entidad postal y la financiación anual del Estado, según el nuevo plan, se duplica hasta alcanzar casi los 250 millones anuales.
Las perdidas han sido la tónica de Correos en los últimos años: 125 millones en 2023, 198 millones en 2022, 132 millones en 2021, y 250 millones en 2020. Sólo en 2019 (17 millones de euros) ganó dinero después de perder otros 143 millones en 2018.

Tampoco le han ido demasiado bien las cuentas al otro buque insignia de SEPI, Navantia. La compañía naval perdió 197 millones de euros en 2024. Aunque lo cierto que, en el caso de esta compañía, ninguno de los dos partidos que han pasado por La Moncloa en los últimos años ha sido capaz de hacerla ganar dinero pues suma 17 años en pérdidas por problemas tan relevantes como los abultados sobrecostes del programa del submarino S-80, entregado con diez años de retraso.
En total, el paquete de empresas públicas gestionadas directamente por la SEPI sumaron unas pérdidas de 660 millones de euros en 2024. Una cantidad que supone casi duplicar los 340 millones de números rojos que acumularon en 2023, supera los 321 millones de 2022 y supera por mucho los 191 millones de 2021.
La gestión de estas compañías recae, de forma mayoritaria, en manos de antiguos cargos políticos socialistas. Al frente de Correos está Pedro Saura, otrora diputado durante varias legislaturas y que fue número dos del Ministerio de Transportes en la convulsa etapa de José Luis Ábalos como ministro. En Navantia, el rumbo lo lleva Ricardo Domínguez García-Baquero, que fue director general de Industrias y Calidad y Promoción Alimentaria y viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el PSOE en el Gobierno. Entre 2010 y 2011 también fue director del gabinete en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
La dirección de Hunosa está en manos de Enrique Fernández, de 2019 a 2023 ostentó el cargo de consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno del Principado de Asturias del socialista Adrián Barbón.
Mercasa eligió en abril del año pasado a propuesta de la SEPI a José Miñones Conde como presidente. Miñones, doctor en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), fue ministro de Sanidad de marzo a noviembre de 2023.
Francisco Javier Fernández Mañanes, un histórico del socialismo cántabro, dirige Ensa desde 2024. Mañanes fue consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria entre 2017 y 2019.
Participaciones
Las participaciones indirectas han contribuido a maquillar las cuentas del holding vía dividendos en muchas ocasiones. En los últimos ejercicios, el Gobierno ha intensificado el uso de la SEPI como herramienta para ejecutar políticas que van más allá de lo económico. Así, ha adquirido un 10% de Telefónica después de que la compañía estatal saudí STC comprase otro tanto y ha incrementado hasta casi un 28% su presencia en Indra, a la que el Ejecutivo nunca ha ocultado quiere convertir en una especie de "campeón nacional" del sector de la defensa que pueda competir con la italiana Leonardo o la francesa Thales.
Junto a esta actividad directa e indirecta en compañías, el holding también se encarga de la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que se creó para dar soporte a compañías viables pero que soportaron fuertes tensiones de tesorería por el coronavirus. La herramienta repartió 5.340 millones de euros entre diversas compañías a través de préstamos directos y otros participativos que podrían acabar incrementando su cartera de participadas.
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