La sobrecarga fiscal a la nuclear, el mayor escollo para salvar las centrales

España es el único país de la Unión Europea que impone una carga fiscal adicional que penaliza a sus centrales nucleares, lo que compromete su competitividad y sostenibilidad económica.

Así lo recoge un informe de EY en el que se remarca que las cinco centrales operativas en España, con siete reactores en total que alimentan casi el 20% de la demanda eléctrica española, afrontan una carga fiscal específica de hasta 28,6 euros por megavatio hora, incluyendo impuestos estatales como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), catalogado como "medioambiental" por Hacienda, ecotasas autonómicas, y tasas por seguridad, vigilancia y supervisión.

Esta cifra contrasta fuertemente con países como Francia, Suecia o Finlandia, donde no existen tributos adicionales más allá de los necesarios para la gestión de residuos y el desmantelamiento.

En este sentido, en todos los países analizados en el documento de EY se aplican tasas a los operadores nucleares para cubrir los costes asociados a la gestión de residuos, desmantelamiento y seguridad.

Pero España es el único país que cuenta con figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares que no tienen como fin específico cubrir ningún coste asociado a la operativa nuclear, como el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos o las ecotasas autonómicas -que en algunas regiones superan los 6 euros por MWh-. En total estas sobrecargas impositivas suponen 9,2 euros/MWh, lo que penaliza su competitividad económica.

El documento recuerda que las empresas propietarias de las centrales nucleares llevan pagando desde el año 2005 los costes de la gestión de residuos, combustible gastado y el desmantelamiento mediante la denominada Tasa Enresa.

Se ha acumulado ya un fondo de casi 8.000 millones de euros y los operadores complementarán dicho pago hasta el final de la vida útil, para cubrir los 4.064 millones de euros pendientes estimados por Enresa. EY subraya que, a diferencia de los otros países analizados, los operadores españoles no intervienen en el órgano de gestión de dicho fondo.

Los operadores consideran urgente revisar la carga fiscal de las centrales para facilitar su rentabilidad, lo que facilitará la extensión de su vida útil.

España mantiene un calendario de cierre escalonado entre 2027 y 2035 sin contemplar nuevas construcciones ni prolongaciones de operación, pese a la ola favorable a la nuclear en toda Europa.