El Supremo pide al TJUE que aclare cómo aplicar la sentencia para hacer fijos a los interinos

El Tribunal Supremo (TS) quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclare y ofrezca más detalles sobre cómo debe interpretar y aplicar la sentencia en la que plantea como solución hacer un contrato fijo a los trabajadores públicos que encadenan una seguidilla de contratos temporales. La resolución, que se conoció el 22 de febrero pasado, ha generado un debate jurídico en el que no queda claro si el Estado está obligado y debe hacer fijo al personal interino de las administraciones públicas.

Así lo ha decidido el Pleno de la Sala Cuarta del alto tribunal. En una sesión no jurisdiccional, se ha analizado el modo de aplicar la STJUE de 22 de febrero de 2024 sobre personal indefinido no fijo a los múltiples recursos sobre esta materia que están pendientes de resolución.

"Con el deseo de llevar a cabo su correcta interpretación, y ante la existencia de importantes dudas acerca de su alcance en determinados aspectos, la Sala ha acordado iniciar las actuaciones a fin de formular una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", señala el Supremo.

Las principales dudas surgen en relación al modo en que se debe compatibilizar la doctrina generada por la resolución europea con las normas relativas al acceso al empleo público, incluyendo a los nacionales de los Estados miembros. También se quieren despejar incógnitas asociadas a las reglas del ordenamiento jurídico nacional que buscan garantizar el derecho de acceso al empleo público siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Tras conocerse la sentencia del TJUE, se ha generado un intenso debate jurídico sobre el alcance de su contenido, principalmente sobre si obliga o no a España a hacer fijos a miles de trabajadores interinos del sector público. Hay opiniones de todo tipo y, por lo que se ve, el alto tribunal tampoco lo tiene claro al cien por cien.

El origen de la resolución europea está en otra cuestión prejudicial que planteó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. En ese escrito, le preguntaba por varios aspectos relativos a las relaciones laborales de los trabajadores que encadenan varios contratos temporales con las administraciones públicas, sin que lleguen a tener la condición de funcionarios. Se trata de una cuestión que ha generado una amplia controversia en los juzgados españoles.

La polémica se desató por un apartado concreto de la sentencia, el que señala que “a falta de medidas adecuadas en la legislación española para prevenir y, en su caso sancionar, según estima el acuerdo marco de la directiva europea, los abusos derivados del uso sucesivo de contratos temporales incluidos los indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida (preventiva y sancionadora, que ahora consideran que no existe en España)”.

El problema es que el fallo no lo plantea como una obligación, sino que es una recomendación, una solución para resolver los casos en que se produce un encadenamiento abusivo de contratos temporales en la Administración Pública, para que se les haga un contrato fijo.