Tirón de orejas de la UE por la reforma de la malversación

La presidenta de la comisión de la Eurocámara, Monika Hohlmeier, quiso dejar constancia de la inquietud mostrada por el Parlamento Europeo por la última reforma penal sobre el delito de la malversación, que deja el castigo en un máximo de cuatro años de prisión cuando se cometa sin ánimo de lucro, en detrimento de los 12 del anterior código. Por ello, Hohlmeier exigió al Gobierno «tolerancia cero» con la corrupción y el fraude, y pidió «garantías» para que no existan «excepciones de ningún tipo».

En su declaración institucional leída en rueda de prensa, la representante parlamentaria no citó esta cuestión en concreto, pero posteriormente, ante las preguntas de los periodistas, sí que se lanzó a mostrar la posición «inflexible» de la misión de la Eurocámara. «Hemos pedido al Gobierno español que, desde el punto de vista de control presupuestario, nos garantice que la política anticorrupción se cumple». Eso sí, lanzó un dardo sobre el cambio jurídico realizado por el Gobierno junto a sus socios. «En el Código Penal español se prevén muchas medidas de tipo penal y administrativo para luchar contra el fraude y la corrupción. Medidas que se toman con éxito. Pero no puede haber excepción alguna para ningún supuesto que cometa corrupción», apostilló.

Aunque aseguró que la delegación del Parlamento Europeo no se inmiscuye en lo que es la reforma en sí, ni en si su planteamiento es correcto o no, como órgano de control presupuestario sí hace constatar ante el Gobierno y la Comisión Europea su preocupación por «una posible desprotección penal de los fondos europeos». Una intranquilidad –reconoció Hohlmeier– que procede de la posibilidad de que los intereses financieros de la Unión Europea «estén en peligro ante una posible despenalización. Solo hemos pedido que se nos garantice que el código penal contra el fraude y la corrupción no tenga ningún trato preferente con nadie, incluida la malversación», y exigió que se cumpla al 100%.

Los consejos y advertencias formulados de la comisión se trasladarán tanto a la Comisión Europea como al Gobierno español, pero no son vinculantes ya que, en virtud de sus competencias como representación del Parlamento Europeo, realiza un informe en el que evalúa la gestión de los fondos, pero las decisiones ejecutivas posteriores competen tanto a Bruselas como a La Moncloa. «Veremos qué nos transmite la Comisión Europea, porque no somos el órgano competente para analizar el delito de malversación».