Prima el interés político de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en este punto hay que darle la razón a Pablo Casado, se ha quitado del foco principal de la opinión pública ante lo que ya se dibuja en el horizonte como una segunda oleada de la pandemia, cuyas consecuencias son fáciles de imaginar. No es sólo la transferencia de la responsabilidad en las decisiones de mayor calado a los gobiernos autonómicos lo que deberíamos destacar, sino el hecho de que el jefe del Ejecutivo dé a entender que la titularidad de la Sanidad y la Educación ya no pertenecen al Estado, lo que no es cierto en modo alguno, puesto que lo único que está transferido es la administración de esas competencias.

Aunque por otros motivos que sólo podemos intuir, que el líder de la formación morada y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reprochara a su compañera de Gabinete, Isabel Celaá, la falta de liderazgo del Ministerio de Educación a la hora de abordar un regreso a las aulas en seguridad demuestra que está calando la percepción social de que Sánchez se escabulle a la hora de tomar decisiones ante una situación compleja, que, tras la experiencia adquirida, no podrá camuflarse con demostraciones de optimismo, puros gestos voluntaristas, como hizo ayer Sánchez en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. Porque ni habíamos vencido al virus ni, por supuesto, la sociedad española ha salido más fuerte de la prueba. Que el jefe del Ejecutivo recurriera a una predicciones sin evaluar de la Airef, a las que la propia institución independiente no concede valor, para anunciar que la economía española volverá a crecer con fuerza al final de año, no sólo es tirar de realismo mágico, sino que obvia del discurso los datos que sí están contrastados. Por ejemplo, que sólo 125.000 de los tres millones de autónomos han recibido las prestaciones por cese de actividad, empujando al resto al inevitable cierre de sus negocios, o que el fracaso de la temporada de verano augura un otoño catastrófico para el mercado laboral.

Sin duda, no hay que pecar de angelismos, en toda esta peripecia lo que prima es el interés político del presidente, que no es otro que asegurarse la permanencia en La Moncloa. De ahí, entre otras razones, la transferencia por la vía de los hechos a las comunidades autónomas de potestades sobre los derechos ciudadanos de los que sólo es titular el conjunto de la soberanía nacional, que, por un lado, satisfacen las aspiraciones de los partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, y, por otro, desactivan la oposición de los gobiernos del PP, a quienes no se ofrece otras alternativas. Que la decisión gubernamental presenta aristas jurídicas y constitucionales es tan evidente como lo demuestran las diferencias de criterio que se están dando en el seno de la Magistratura a la hora de decidir sobre la legitimidad de las restricciones a las libertades ciudadanas acordadas por las distintas administraciones.

Con todo, lo peor es que el presidente Sánchez pretende que, en aras de una supuesta lealtad institucional que, como denunció Pablo Casado, no parece que sea la práctica que mejor define a su Gobierno, los partidos de la oposición, especialmente el PP, se avengan a aprobarle los Presupuestos Generales del Estado, sin que medie un acuerdo político, en este caso de Estado. Todo lo más, se trataría de una pose sin mayor recorrido, puesto que detrás de toda la puesta en escena de ayer subyace una estrategia evidente. La que busca asegurarse la actual mayoría parlamentaria, con la extrema izquierda –a quien ayer salvó de tener que dar explicaciones sobre sus irregularidades contables– y los partidos nacionalistas, para sacar adelante las cuentas públicas. Es un riesgo que Pedro Sánchez está dispuesto a correr conscientemente y que explica el ninguneo hacia los populares.