Iglesias no nos amordazará

El problema surge cuando Pablo Iglesias, un miembro del Gobierno, quien promueve la censura

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo IglesiasJuan Carlos HidalgoEFE

No hay debate posible, al menos en una democracia plena, cuando desde el poder político se pretende ejercer el control o la tutela de los medios de comunicación. De ahí que la intervención ante el Parlamento del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reclamando instrumentos de supervisión pública de los contenidos informativos es profundamente perturbador para el derecho a la libertad de los ciudadanos, que son soberanos en su elección y que no precisan de más amparo que el que emana, legítimamente, de los tribunales de justicia.

No es, por supuesto, la primera vez que el líder de Unidas Podemos plantea este tipo de ataques a la libertad de expresión ni, tampoco, la primera vez que sustituye un argumentario imposible, porque sería falaz en cualquiera de sus puntos, con insultos de trazo grueso, de ese trazo con el que se fabrica la peor de las demagogias, contra las empresas y los profesionales del Periodismo. Nada que no sepamos de los monstruos que provoca la ensoñación de las tiranías ni, mucho menos, que no hayan experimentado en carne propia las sociedades sojuzgadas por gobiernos que comparten la misma ideología que el señor Iglesias. Pero mientras sus diatribas no comprometían a uno de los poderes del Estado, en este caso, el Ejecutivo, podíamos ignorarlas como el fruto, siempre vano, de quien, desde la soberbia, encaja mal la imagen que le devuelve el espejo de los medios de comunicación.

Porque, la cuestión esencial, es que quien promueve instrumentos de censura y presión, no importa el nombre que quiera dársele, es un miembro del Gobierno de España, el mismo Gobierno, por cierto, que ya ha introducido en la Ley de Seguridad Nacional una suerte de organismos de vigilancia de la «desinformación». Es la misma persona que, como se puso ayer de relieve en el Congreso, impulsa campañas públicas de acoso, descrédito e intimidación contra los periodistas y los medios independientes, y que atribuye a imaginadas «cloacas de poderes fácticos» y a «conspiraciones de millonarios» las críticas razonadas y, en cualquier caso, legítimas, que se hacen a sus indeseables, por nocivos para el progreso económico y social, proyectos legislativos. Con todo, lo peor del discurso es la insistencia en describir como un «cuarto poder», es decir, susceptible de control externo, a los medios de comunicación, especie que no por extendida es menos falaz.

Por el contrario, es Pablo Iglesias, desafortunadamente a nuestro juicio, quien ejerce el poder político desde su puesto en el Consejo de Ministros. Un poder que, dado el modelo de partidos que rige en nuestro país, extiende su potestad a la elaboración de las normas y leyes. Y en demasiadas ocasiones, frente a ese desequilibrio, lo único que se alza es la Prensa libre. Ese reducto de la información contrastada y la opinión informada, del periodismo al servicio de la verdad y de los ciudadanos, que siempre, podríamos multiplicar los ejemplos hasta el cansancio, tratan de eliminar los totalitarismos. Con una reflexión final. Los ataques a la Prensa por parte de Podemos, aunque continuos, suelen recrudecerse cuando esta formación se encuentra inmersa en problemas judiciales relacionados con la corrupción política y el mal uso del dinero público. No puede ser casualidad. Romper el espejo, claro, es una solución socorrida, pero ni es legítima ni se puede admitir en un espacio de libertad.