Respeto a los trans, no a la impostura

El respeto a la identidad de las personas, sea cual sea su orientación, credo o raza, es un bien superior de cualquier texto constitucional democrático que se precie de serlo y de toda sociedad con un mínimo sentido de la justicia, la decencia y la honradez moral. Son valores indiscutibles, también en nuestro país, enraizados en una sociedad tolerante y garantista como la nuestra, con un sólido sentido ético emanado desde el ámbito familiar al escolar. Hay, claro, excepciones, atropellos y abusos que es necesario denunciar, combatir y castigar si fuera el caso. Todo esto está muy al margen del propósito, alcance y medios de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la conocida como «ley trans», aprobada por el Gobierno. Que la norma supuestamente convertida en un hito por Unidas Podemos recibiera la mayor contestación y desdén del movimiento feminista y de gran parte de esa izquierda social y ciudadana ajena a la disciplina política y a sus redes clientelares retrata su grado de sectarismo y desvarío. Estamos ante un artefacto que instrumentaliza una realidad al servicio de un proyecto ideologizado y sesgado que parte y contempla el sometimiento de una mayoría y de sus derechos a la voluntad del poder político de turno. Se manipulan e intoxican valores como la tolerancia y la igualdad para doblegar atribuciones especialmente de las familias y de los menores, en una aberrante injerencia e intervención públicas en ámbitos privados. El Estado no es quien para insuflar una conciencia colectiva y uniforme, siempre que confiemos en disfrutar de un canon de libertad suficiente. No es propio de una democracia por mucho trabajo de ingeniería social que el Ministerio de Igualdad se proponga. La autodeterminación de género que consagra el texto fulmina el hecho biológico y con ello buena parte de lo que somos, sin papel de la familia, especialistas, facultativos, psicólogos. La mera voluntad de la persona no solo no es garantía jurídica y sanitaria alguna, sino que es un salvoconducto al fracaso, la frustración y el drama como ya lo han sufrido alguno de los países pioneros en esta materia como Suecia. No sorprende el abrumador rechazo ciudadano. La encuesta de NC Report refleja que casi siete de cada diez españoles censura los preceptos principales de la norma. Se ha desatendido la voluntad de la gente porque no importa, como tampoco las desdichas de las personas trans si no sirven al objetivo político de Montero y compañía.