El lamento de la España que no cuenta

El mismo día que el Gobierno de coalición conseguía el compromiso de sus principales socios nacionalistas para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado con más servidumbres políticas de los que hay memoria, los presidentes de las ocho comunidades autónomas peor financiadas apelaban a la Constitución, que consagra la igualdad de todos los españoles, para reclamar un trato justo, acorde con la realidad de unos territorios que representan el 60 por ciento de la superficie de España, pero en los que, apenas, habita el 25 por ciento de la población. No se trata, ahora, de ponderar las líneas que debería seguir una política de financiación autonómica que pusiera a esa España despoblada, la que, al parecer, menos cuenta en los cálculos de equilibrio de poder de los gobiernos centrales, en igualdad de condiciones, pero sí de reclamar equilibrio y ponderación, frente a quienes consideran que la cuentas del Estado, es decir, el dinero público que generan con su esfuerzo todos los españoles, puede distribuirse alegremente para comprar los apoyos parlamentarios de unos partidos nacionalistas que siempre anteponen su agenda propia a los intereses generales. En este sentido, que siete de los ocho actores firmantes de la declaración conjunta de Santiago de Compostela pertenezcan a las dos formaciones políticas que suman la inmensa mayoría de los votos no sólo nos habla de la transversalidad ideológica de la demanda, sino, tristemente, de la brecha cada vez más ancha que se abre entre la España que se vacía irremediablemente y la que crece. Asimismo, que los diputados socialistas elegidos por las circunscripciones de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja vayan a votar a favor de unos Presupuestos que son la negación del principio de igualdad de trato, explica cómo se ha llegado a esta situación de desequilibrio y debería servir de advertencia frente al surgimiento de nuevas agrupaciones cantonalistas, dispuestas a adoptar, a poco que puedan, el método de negociación que tanto rédito da a catalanes y vascos, por citar lo obvio. No es poca, pues, la responsabilidad de los barones de los dos grandes partidos que gobiernan en la España despoblada y que, si bien, han hecho en la declaración de Santiago un buen diagnóstico del problema, no parecen hallar la terapia política que se precisa, aunque sólo sea porque el peso demográfico es una realidad inevitable en la aritmética parlamentaria, más con nuestro sistema electoral que premia a los partidos nacionalistas, y sólo desde una decidida acción de conjunto, que vaya más allá de lo declarativo, se puede rectificar una deriva de desvertebración territorial que, a la postre, es simplemente suicida para el conjunto de la Nación española.