El mercado de la vivienda se regula solo

Ya procedan de fuentes oficiales como de las principales compañías inmobiliarias, las estadísticas nos dicen que el precio de la vivienda en España sigue muy por debajo, hasta un 29 por ciento, según las zonas, de los picos máximos alcanzados en 2007, justo antes de que se produjera la llamada «crisis del ladrillo», antesala de la profunda recesión financiera que sacudió al mundo. Ni siquiera, la pandemia, con sus secuelas en el incremento de los costes de las materias primas y la escasez de mano de obra en el sector, ha supuesto un desbordamiento de los precios de la vivienda, que si crecen, lo hacen moderadamente y sólo en las grandes ciudades.

Ciertamente, persiste en algunas capitales, como Madrid y Barcelona, el problema de los altos precios del alquiler, que golpean señaladamente a las personas con menores recursos y que el Gobierno de coalición social comunista pretende solucionar mediante la intervención del mercado, bien por la vía de la congelación de los alquileres, bien por la sobrecarga fiscal, que constituyen la base regulatoria de la nueva Ley de Vivienda, que se quiere aprobar en las próximas semanas. Por supuesto, se trata de una política equivocada, que ha demostrado su ineficacia allí donde se ha implantado, pero, sobre todo, que significa trasladar a los propietarios de inmuebles la responsabilidad propia de las instituciones públicas a la hora de facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, tal y como establece la Constitución. No en vano, España parte de un parque social que sólo supone el 0,9 por ciento del total de las viviendas existentes, cuando la media europea es del 3,8 por ciento, con los Países Bajos en cabeza, con un 12,5 por ciento.

Es ahí donde el Gobierno y las comunidades autónomas, que tienen las competencias de la organización del Territorio, deberían actuar, y no convirtiendo a los tenedores de inmuebles en responsables subsidiarios de un problema, el de la gestión del suelo, que las diversas reformas legales, tanto impulsadas por los gobiernos socialistas como por los populares, han sido incapaces de solucionar. Porque, en unas sociedades de libre mercado, como la española, los precios de la vivienda se regulan de acuerdo a las leyes inmutables de la oferta y la demanda, tal y como demuestran las estadísticas que comentábamos al principio y que, hoy, publica LA RAZÓN. Y cuando se interfiere desde los poderes públicos, simplemente, se alteran las reglas del juego peligrosamente, más aún, si se parte de principios ideológicos que demonizan puerilmente a una industria tan esencial como es la Construcción. La línea, pues, es exactamente la contraria. Favorecer aquellas medidas que den impulso al mercado inmobiliario y respetar el libre juego de la oferta y la demanda. Y, por supuesto, acudir con la vivienda social donde no haya otra salida.