El CNI se ha ganado el respeto que le niegan

El Centro Nacional de Inteligencia ha cumplido dos décadas de vida en el ojo del huracán político. El episodio del espionaje a un grupo de independentistas ha empujado a la plaza pública a una organización que por su naturaleza y función constitucional debe estar fuera de ese foco. Que además los responsables del tumulto, que ha quebrantado el espíritu del Centro y la discreción de su misión y la del trabajo de los cientos de profesionales que prestan allí sus servicios, hayan sido miembros del gobierno y aliados parlamentarios ha abonado la incómoda y nociva vulnerabilidad de un estamento crítico para la seguridad del Estado. Este acoso inquisitorial de la facción de ultraizquierda que se acomoda en el consejo de ministros, de los separatistas catalanes y de los bilduetarras, en un ejercicio exhibicionista de sobreactuación, frivolidad y fabulación en torno a un asunto que emerge cada día más como una burbuja de parte bajo inconfesables intereses, no ha sido una excepción en el devenir de la legislatura, sino la práctica de una dinámica de degradación y desactivación de algunas de las instituciones del Estado, que son las que arman y blindan su poder frente a aquellos que buscan removerlo para imponer sus planes. En ese baluarte de fortificaciones constitucionales contra las amenazas a la seguridad nacional, el CNI es un instrumento crucial y en buena medida su labor silente y en la sombra ha amparado y ampara las libertades de los españoles y el ejercicio de derechos fundamentales. La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, en su artículo primero, establece con nitidez sus deberes principales que se sustancian en «prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones». Esa guardia en vigilia continuada lo es contra los enemigos internos y externos, y los riesgos domésticos y foráneos. Es lógico y obligado atender y controlar a aquellos que han atentado contra el orden constitucional, y que se han jactado de que lo volverán a hacer. No hacerlo, infravalorar el riesgo, sería prestar un pésimo servicio a los españoles, y entonces sí que habría que exigir responsabilidades. Resulta obvio que a los enemigos del Estado, a quien conspira contra las libertades de la gente, incomodan y alteran instituciones como el CNI, que, obviamente, no son inmaculadas ni están a salvo de errores. Por esa constancia de ser falibles existen procedimientos reglados, sometidos a fiscalización, con protocolos específicos. La ejecutoria de los funcionarios del CNI es plenamente garantista. Está regida por el principio de sometimiento al ordenamiento jurídico y bajo control judicial previo. El Centro se debe a la Ley y a la democracia. Como ha demostrado en estos 20 años de servicio y lealtad a España. Se ha ganado el respeto que una parte de la política gubernamental le niega.