Sánchez no quiere una justicia independiente

Si ignoráramos la hoja de servicios del Gobierno socialista comunista estos últimos años, podríamos incluso conjeturar o estar convencidos de que la voluntad y el ánimo de las maniobras para forzar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional con mandato expirado eran un acto de responsabilidad institucional en cuanto a dar cumplimiento de lo reglado para el funcionamiento del supremo intérprete de la ley de leyes. Pero los antecedentes son los que son y trazan una premeditada estrategia no de saneamiento del sistema, sino de asalto y ocupación de las instituciones. Normalizar situaciones como las de la Fiscalía General del Estado, el CIS, el CNI, el CSIC o el Instituto Nacional de Estadística o la intervención sumaria del Consejo General del Poder Judicial sería interiorizar y asumir que la democracia española goza de una excelente salud y que se conduce por parámetros homologables a las más consolidadas del mundo. Cuando no es así en absoluto. Esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la «deriva autoritaria» del Ejecutivo de Pedro Sánchez y le ha acusado de «atropellar» al Poder Judicial con la reforma exprés del CGPJ que, a nadie se le escapa, pretende controlar el Tribunal Constitucional. Los hechos son irrefutables y refrendan en un volumen e intensidad pertinaces las preocupaciones del jefe de la oposición que deberían ser compartidas también por la sociedad. Asistimos, parece que impotentes, esperemos que no resignados, a un plan de desactivación de los amarres capitales del Estado de Derecho que alcanzarán su cénit esta semana cuando las Cortes habiliten de forma irregular al Consejo únicamente para designar a los nuevos magistrados del TC, que junto con los del Gobierno, garantizarán una sólida mayoría de afines a Moncloa en el máximo órgano supervisor y directriz con la última palabra sobre casi todo. Hablar de un poder absoluto para la izquierda no debe parecer desmedido ni hiperbólico. No existe en el mundo occidental un semejante declive de las garantías y los equilibrios en manos de la casta política al mando. La cuestión es cómo responder o qué bazas pueden manejar la oposición, otros poderes del Estado y la sociedad civil. LA RAZÓN adelanta hoy que el CGPJ no facilitará una elección «exprés» de los dos nuevos miembros del TC y que el proceso no parece nada claro para las intenciones de Moncloa. Tampoco se puede soslayar que hay abierto un debate jurídico sobre si la renovación por tercios –hay 12 miembros en el tribunal de garantías– que establece la Constitución implica que los cuatro nuevos magistrados se tengan que designar a la vez y en ese caso el panorama cambiaría. Cabe esperar que el PP utilice todos los medios a su alcance para impedir las maquinaciones fraudulentas con que se pretende someter el Constitucional. Incluida una iniciativa ante Bruselas, que demandó de nuevo esta semana que los jueces sean elegidos por sus pares conforme a los estándares europeos y que se ponga fin al bochorno de la exministra socialista como fiscal general al servicio del presidente. Sin justicia independiente, no hay democracia real. Sánchez no cree en ella, por eso quiere demolerla.