Se lincha a los jueces para tapar las culpas

La ley del «solo sí es sí» ha desnudado las carencias e insuficiencias, pero también la soberbia, de los responsables de Unidas Podemos. No hablamos de una excepción, sino de la norma en un bagaje mediocre. Habríamos esperado que Pedro Sánchez asumiera el desastre de un texto legal deficiente que alivia las penas a peligrosos delincuentes sexuales y que en algunos casos excarcela a los culpables de execrables delitos, reconociera el desatino y tomara las decisiones correspondientes. Pero el presidente ha regalado toda clase de elogios a la norma de su titular de Igualdad, de la que ha pronosticado que abrirá una era en Europa en el abordaje de las agresiones sexuales y en la defensa de las víctimas, y sobre la que ha pedido a los tribunales que actúen con sensibilidad y «unifiquen su criterio y la doctrina». Sin críticas, ni siquiera reparos, sino todo lo contrario. Hubiera sido ingenuo esperar una expresión al menos equidistante, porque habría supuesto admitir un error imputable al presidente y al Consejo de ministros, con varios jueces en su formación, que avalaron la «gracia» para los depredadores. Pese a todo, y dada la incongruencia y contradicción inherentes al desempeño del gobierno bipolar, ministras como María Jesús Montero o Pilar Alegría han anunciado cambios en el texto del «solo sí es sí» para endurecer de nuevo los tipos por mucho que eso no impedirá que los condenados sigan beneficiándose de la regulación más favorable. El ensañamiento de los ministros podemitas y de sus altos cargos con los jueces sin que prácticamente ni una voz del Ejecutivo lo haya siquiera matizado supone una fractura institucional que en sí misma simboliza la decadencia de esta democracia en manos de una izquierda alérgica a la libertad y declarada enemiga de la división de poderes. Desde los ministerios de Pedro Sánchez, después de que él mismo enfocara el punto de mira sobre los togados para proteger la coalición y la estabilidad de su mayoría, se ha intentado tapar la torpeza con un brutal ataque contra la judicatura española sin que, insistimos, haya merecido siquiera una mínima reconvención o llamamiento a la prudencia del presidente o de sus colaboradores salvo Margarita Robles. Por acción u omisión, existe una complicidad y una responsabilidad compartida en el linchamiento de los miembros de un poder clave del Estado que se ha limitado a ejercer su función. Todos los órganos consultivos del país, pero no solo ellos, habían advertido de los agujeros de la ley Montero, pero se los ignoró. No hay machismo ni fascismo que valgan. Son las excusas desesperadas de los mediocres que han abandonado a las víctimas presos de su soberbia, sectarismo e impericia. Todo es dramáticamente simple. Las leyes que favorecen al reo tienen carácter retroactivo. La de Montero rebaja las penas y de forma negligente no contiene una disposición transitoria que limite las revisiones. Y el Gobierno pide a los jueves que prevariquen en el marco de esta democracia anómala y adulterada.