Los adalides de la ética guardan triste silencio

Fue premonitorio Mariano Rajoy cuando, acusado por Pedro Sánchez de «no ser una persona decente», a cuenta de los casos de corrupción atribuidos a miembros del Partido Popular, le espetó, lapidariamente, «estas declaraciones le van a perseguir toda la vida». Casi nueve años después, el nombre del actual presidente del Gobierno, o más bien su alias, figura en un auto de la Audiencia Nacional, relacionado con una trama de comisionistas en la sombra, en la que tenía, según los indicios expuestos por el magistrado actuante, un papel estelar un ex ministro de su Ejecutiva, José Luis Ábalos, que fue el artífice de la rehabilitación de Sánchez en el seno del PSOE y, luego, el secretario de Organización del partido que propició la consolidación de lo que hemos dado en llamar el «sanchismo».

Ciertamente, del relato judicial no se desprende acusación directa alguna contra el inquilino de La Moncloa, a quien, en cualquier caso, ampararía el derecho inalienable a la presunción de inocencia, pero sí sobre la actuación de quien fue su mano derecha, en el Gobierno y en el partido, que habría abierto las puertas del despacho presidencial al conseguidor Víctor Aldama –hoy en prisión provisional por un delito contra la Hacienda pública–, que actuaba en representación de Air Europa para acelerar la consecución del multimillonario rescate de la aerolínea.

No sorprende la reacción del jefe del Ejecutivo –con su esposa imputada por presunto tráfico de influencias y su hermano investigado por fraude fiscal y malversación– reafirmándose en las decisiones tomadas, «colegiadamente con sus ministros», como se encargó de especificar, pero sí el triste silencio, casi ominoso, de sus socios parlamentarios y de sus compañeros de Gabinete, que reputaban como adalides de la ética política y de la lucha contra la corrupción.

Extraña, especialmente, la postura del PNV, que propició la moción de censura que derribó al gobierno de Mariano Rajoy tras aprobarle los Presupuestos, en una muestra de incoherencia palmaria que no conseguirá subsanar con alambicados argumentos que acotan la responsabilidad política a la financiación ilegal del partido, acusación, sea dicho de paso, de la que fue declarado exento el Partido Popular.

Es evidente, y la hemeroteca es testigo incontestable, que existe una doble vara de medir de la izquierda y de los nacionalistas cuando se trata de abordar los casos de corrupción del PSOE o del PP, pero en el presente caso no es posible descartar la sospecha de que los socios de investidura entiendan que cuanto más acosado esté el presidente Sánchez por las sospechas de corrupción en su entorno familiar y en el Gobierno, más débil y, por lo tanto, más susceptible de atender sus crecientes exigencias. Podríamos apelar a la dimisión, pero no es momento de predicar en un desierto lleno de sordos a conveniencia.